El gobierno de dominicano, a través del Consejo Nacional de Competitividad, realiza un estudio sobre el costo que representan las regulaciones para la actividad empresarial de República Dominicana. Hasta el momento, se desconoce cuántas tiene vigentes este país, pero se han identificado 1,575 trámites relacionados con la actividad económica, y el número sigue creciendo.

“Muchas veces pensamos que los costos sólo están en la parte impositiva. No, están en los trámites y son importante para la actividad empresarial y para el desarrollo del país, y le estamos dando un abordaje integral y serio al tema”, manifestó el director ejecutivo de Competitividad, Rafael Paz, quien aseguró, además, que será en enero próximo cuando se dará a conocer el valor de las regulaciones, en términos de PIB nacional.

Este estudio responde al decreto 258-18 que establece un plan de mejora regulatoria, con miras a analiza su impacto en la actividad productiva y económica del país, a fin de hacer estos trámites más eficientes.

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Hasta este momento, adelantó Rafael Paz, parte de los escollos que han identificado están en procedimientos para nuevas empresas, colocación de productos en el mercado y reducción de costos en la exportación.

Al liderar el VII Encuentro de la Red Iberoamericana y del Caribe de Mejora Regulatoria celebrado en Santo Domingo, Paz resaltó que las únicas regulaciones administrativas que se encuentran fácilmente disponibles son las publicadas en la gaceta oficial, es decir, los reglamentos por decretos. “Cuando iniciamos este proceso nos percatamos de que se desconoce el número exacto de regulaciones vigentes en el ordenamiento jurídico-administrativo del Estado”.

En su primera etapa, Competitividad trabaja en la recopilación de información de 42 instituciones que consumen el 60% del gasto público. Además, se ha involucrado al sector privado, preguntándoles los trámites que a los ojos de los empresarios representan obstáculos para su actividad.

Rafael Paz asegura que el objetivo de este proceso es “ponérsela fácil al ciudadano y las empresas y lograr que en Estado entienda que sus decisiones generan costos para todos los involucrados, y el mismo Estado”.

 

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