Por Kelly Phillips Erb

A más de 100 días de su presidencia, una de las promesas de campaña de Trump sigue pendiente: la construcción de un muro entre Estados Unidos y México.

Un nuevo proyecto de ley, el HR 1813, que actualmente se encuentra en comisiones tiene como objetivo cambiar eso. El proyecto de ley, denominado Ley de Financiamiento de Muros Fronterizos de 2017, con el título alternativo de “Modificación a la Ley de Transferencia Electrónica de Fondos para imponer una tasa por transferencias de remesas a ciertos países y para otros fines” fue introducida el 30 de marzo de 2017 por el representante Republicano por Alabama Mike Rogers.

Bajo el proyecto de ley, se impondría una tasa de 2% a todas las transferencias de fondos personales, a veces llamadas remesas, que se dirigen al sur de la frontera. Según Rogers, “las remesas, o transferencias electrónicas, son comúnmente utilizadas por los inmigrantes ilegales para enviar dinero de Estados Unidos a sus países de origen”.

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Sin embargo, el proyecto de ley no distingue entre los envíos de los inmigrantes ilegales a los de los residentes legales en el país, diciendo simplemente “si el destinatario designado de una transferencia de remesas se encuentra en un país extranjero descrito en el subpárrafo B, el proveedor de transferencias de remesas recogerá del remitente de dicha transferencia de remesas una cuota de remesa equivalente al 2% de la cantidad en dólares estadounidenses que se transfiera (excluyendo los honorarios u otros cargos impuestos por el proveedor de transferencia de remesas), dichas tasas de remesas se someterán a la Tesorería para ser gastadas con el propósito de mejorar la seguridad fronteriza”.

En 2015, México recibió 25,680 millones de dólares, o 4.4% del total global, de acuerdo con el Anuario de migración y remesas de México 2016, y para 2016, esa cifra tocó un máximo histórico de 26,970 millones, 95.4% del total, provino de Estados Unidos, según cifras del Banco de México.

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Los países designados, según el proyecto de ley, son México, Guatemala, Belice, Cuba, Islas Caimán, Haití, República Dominicana, Bahamas, Islas Turcas y Caicos, Jamaica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Venezuela, Aruba, Anguila, Antigua y Barbuda, San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Guadalupe, Dominica, Martinica, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Granada, Guyana, Surinam, Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Uruguay y Argentina. O, más sucintamente, es un impuesto del 2% sobre todas las transferencias de persona a persona a México, el Caribe y la mayor parte de América Latina y América del Sur.

Cualquier persona que intente evadir la tarifa estaría sujeta a una pena de no más de 500,000 dólares o el doble del valor de los fondos involucrados en la transferencia de remesas, lo que sea mayor, hasta 20 años de prisión, o ambos.

No es la primera vez que se habla de tasar las remesas. En agosto de 2016, Kris Kobach, un político Republicano que entonces sonaba como uno de los posibles Secretarios de Estado de Trump, propuso la medida para financiar el pago del muro en esta entrevista con la cadena Fox.

El dinero recaudado a través del cargo propuesto por la ley HR 1813, que también se ha denominado como un impuesto, se utilizaría para pagar por el muro. Trump había declarado inicialmente que México pagaría por el muro, pero dio marcha atrás en enero, sugiriendo que los contribuyentes estadounidenses pagarían por la construcción inicial del muro sujeto a reembolso. Otras propuestas incluyen un impuesto fronterizo de 20% ofrecido por el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer (Spicer aclaró más tarde que el impuesto del 20% no era una propuesta de política sino un ejemplo de cómo pagar el muro). Y, por supuesto, el vocero republicano Paul Ryan y los miembros del Congreso han propuesto su propia versión de un impuesto para pagar por el muro, el impuesto de ajuste de la frontera.

El presidente Trump ha calculado que el muro costaría entre 8,000 y 12,000 millones de dólares, mientras que el líder de la mayoría del Senado, Mitch McConnell, estima que el costo oscila entre los 12,000 y 15,000 millones.

Rogers ha dicho, acerca de la propuesta:

El Presidente Trump ha dejado muy claro que tiene la intención de completar un muro a lo largo de nuestra frontera sur. Como miembro de alto rango del Comité de Seguridad Nacional, he apoyado durante mucho tiempo el muro fronterizo, que protegerá a los estadounidenses.

Para poner en marcha el financiamiento del muro, he presentado un proyecto de ley para imponer una tasa de 2% sobre las remesas enviadas al sur de la frontera. Este proyecto de ley es simple: cualquier persona que envíe dinero a los países que se benefician de nuestras fronteras porosas y la inmigración ilegal debe ser responsable de proveer algunos de los fondos necesarios para completar el muro. Este proyecto de ley mantiene el dinero dentro de la economía estadounidense, y lo más importante, crea un flujo de efectivo para construir el muro.

La ley sólo se aplicaría a las transferencias personales y no a las corporativas, y no eximiría las transferencias realizadas por ciudadanos de EU, inmigrantes legales o titulares de tarjetas de residencia permanente (Green card), lo único que importa es el destino del dinero. Tampoco eximiría los fondos que ya habían estado sujetos a otros impuestos en Estados Unidos.

Según Rogers, en 2014 México recibió más de 24,000 millones de dólares en remesas enviadas de los Estados Unidos, mientras que otros países de América del Sur y Centroamérica recibieron más del 15% de su producto interno bruto (PIB) en forma de remesas. Rogers no distinguió cuánto de ese dinero se ganó y se gravó legalmente.

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Un popular servicio en línea, WorldRemit, permite que la gente envíe dinero a más de 140 destinos en Europa, Asia, África, Australia y el resto de América utilizando una computadora, un smartphone o una tableta. “La forma en que las personas usan el dinero está cambiando”, dice la compañía, señalando que millones de personas ahora dependen de los servicios de transferencia móvil en lugar de las cuentas bancarias tradicionales. Esta última medida no es un paso adelante, afirma Ismail Ahmed, CEO de WorldRemit, quien dijo:

Gravar las remesas revertiría los avances significativos realizados en la última década para cambiar el flujo de fondos de las redes informales a las redes de transferencia de dinero con licencia. Los precios bajos, las nuevas regulaciones introducidas después del 11 de septiembre para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, combinados con nuevas tecnologías como los teléfonos inteligentes, han contribuido al cambio de los canales informales a los formales, ayudando a los reguladores ya las agencias policiales a combatir la delincuencia financiera.

Mientras que el mercado de remesas sigue predominantemente basado en efectivo, el mercado está comenzando a moverse en línea y para 2021 se estima que alrededor del 60% del mercado se movería a través de internet. Lo que esto significa es que hay un camino electrónico claro, aumentando así la transparencia. Gravar las remesas alentaría a la gente a buscar métodos más ocultos para enviar dinero, alimentando el mercado gris. Creo firmemente que tal impuesto socavaría los progresos que se han hecho hacia una mayor visibilidad y transparencia.

Y aunque los totales agregados enviados al exterior pueden parecer grandes, la transacción promedio para este tipo de transferencias de persona a persona, según Brion Nazzaro, Director de Cumplimiento de Grupo y Jefe de Cumplimiento para World Remit, es modesta, entre 212 y 225. A ese nivel, los cargos adicionales pueden crecer rápidamente para los clientes.

El proyecto de ley se ha remitido a una serie de comités (y subcomités) donde se encuentra actualmente. Tiene nueve copatrocinadores, ocho de los cuales firmaron originalmente.

 

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