Tras un año sin cabeza, la
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) tiene un nuevo presidente.
Rogelio Hernández Cázares fue electo por el
Senado para desempeñar el cargo hasta diciembre de 2026, el pasado 7 de noviembre.
El
economista y maestro en Prospectiva Estratégica del Tecnológico de Monterrey considera que la principal función del regulador petrolero es el mantenimiento de las
reservas probadas (1P) de hidrocarburos del país y, para ello, no descarta la
inversión privada, si bien de manera limitada.
Tras décadas de explotación petrolera, derivada de la bonanza del yacimiento
Cantarell en aguas someras de
Campeche, al país le queda petróleo y gas con un 90% de certeza para su extracción para 9.1 y 5.4 años, respectivamente, mientras que la
tasa de restitución integral de reservas con que se ha operado es menor al 50%, situación que explica el agotamiento de hidrocarburos al que se dirige el país.
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“Para evitar que continúe la caída en las reservas, es necesario hacer cumplir a los operadores nacionales e internacionales con una tasa de restitución integral de 100%, es decir, uno a uno, por cada barril que se extrae, hay que reponer el otro, y hoy no se está cumpliendo”, declaró ante la Comisión de Energía del Senado.
Su trayectoria
Antes de delimitar su visión y prioridad para presidir el órgano regulador, Hernández Cázares comenzó sus actividades profesionales como gerente de logística en la empresa Servicios Integrales Gama hace más de una década. Luego se desempeñó como director general en el Monte de Piedad de Oaxaca de 2010 a 2014. Entonces saltó al sector público como director general del régimen estatal de protección social en salud del Estado de Oaxaca.
Después ingresó al ámbito político como enlace estatal de Coahuila en el partido
Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) de enero de 2017 a julio de 2018, cuando
Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de México.
Cinco meses después, fue designado como director general de Pemex Fertilizantes, cuyo antecesor Edgar Torres Garrido, fue inhabilitado durante 15 años y recibió una multa por 3,200 millones de pesos por la compra de una planta a la empresa
Fertinal, operación que puso en el ojo del huracán al exdirector de Pemex,
Emilio Lozoya Austin, por autorizar la adquisición de infraestructura chatarra.
Tras nueve meses en el cargo, el 21 de octubre, el mandatario mexicano lo propuso para ocupar el cargo que dejó
Juan Carlos Zepeda el 30 de noviembre de 2018, seis meses antes de que concluyera su periodo como Comisionado Presidente, y entre versiones de haber sido presionado por la secretaria de Energía,
Rocío Nahle, para presentar su renuncia.
Su visión
Aunque no demerita el seguimiento y administración de los
111 contratos petroleros a compañías petroleras privadas que otorgó el gobierno del priista
Enrique Peña Nieto, Hernández Cázares consideró que la caída de las reservas es un “riesgo superlativo” que no permite distracción ni consideraciones con los operadores.
“Es un compromiso personal hacer todo lo posible para elevar la tasa de restitución actual”, aseguró ante los legisladores.
También considera “deseable” impulsar la mayor cantidad de autorizaciones de reconocimiento y exploración superficial para
aumentar sus reservas prospectivas, destinando ingresos propios del regulador para invertirlos en investigación que aumente las reservas.
Aunque reitera que es la
Sener la que tendrá la decisión de aprovechar los recursos prospectivos de gas y aceite
shale, que requieren fractura hidráulica (
fracking), el nuevo titular de la CNH piensa que deberá hacerse de forma progresiva y de más a menos, ante la falta de certidumbre de los posibles impactos ambientales y sociales.
“Sería irresponsable buscar explotar en el corto plazo una gran cantidad de yacimientos (no convencionales) cuando
hay 342 áreas no asignadas que no requieren fracking“, comentó.
Según Cázares Hernández, la CNH debe operar sin ideologías y apegada a la legalidad.
Admite que la inversión privada debe entrar al sector, pero “en lo mínimo necesario”, pues si el Estado mexicano está en condiciones de hacerlo responsablemente, la rentabilidad se quedaría en las arcas públicas.
“Que entre lo mínimo necesario si el Estado lo puede hacer”, agregó.
