Por: Eduardo Vázquez Herrera*
Como muchos países, México enfrenta a una creciente presión sobre sus recursos hídricos. Uno de los temas de agenda más urgentes por atender es el relacionado con la mala calidad del agua derivada de la contaminación de ríos, lagos, embalses y cuerpos de agua, superficiales y subterráneos.
De acuerdo con estadísticas de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de los 653 acuíferos del país, 106 se encuentran sobreexplotados, especialmente los ubicados en zonas con alta densidad poblacional y de interfase agrícola y urbana, varios de ellos con contaminación por minerales naturales (se ha documentado la presencia de compuestos minerales como arsénico).
La propia CONAGUA señala que sólo 47.5% de las aguas residuales colectadas recibe tratamiento, y un porcentaje mucho más bajo (difícil de precisar por la falta de un monitoreo y vigilancia integral y suficiente) cumple con las normas de calidad de las descargas. Esto genera grandes impactos en la salud pública de las personas, así como en la vida silvestre y los ecosistemas.
Por otro lado, información recabada por investigadores del Seminario Universitario de Sociedad Medio Ambiente e Instituciones (SUSMAI), de la UNAM, refleja que las aguas residuales contienen, entre otros, patógenos no controlados; antibióticos que aumentan la resistencia de las bacterias; metales pesados; residuos de productos de aseo personal y doméstico; derivados de combustibles y plaguicidas; algunos de los cuales actúan como disruptores endócrinos y contaminantes emergentes que inciden en el incremento de enfermedades crónico-degenerativas. En términos generales, las aguas sin tratamiento pueden provocar diversas enfermedades como cólera, diarreas, disentería, hepatitis A, fiebre tifoidea y poliomielitis.
Si bien el bajo tratamiento de las aguas residuales en México se refleja en la gran contaminación de los cuerpos de agua, la degradación de los ecosistemas y en problemas de salud pública, también son una muestra de lo poco eficiente que ha resultado la instalación de plantas de tratamiento a lo largo del país, cuya construcción es costosa y su operación resulta en una carga financiera y operativa que muchos municipios y organismos operadores no son capaces de soportar, provocando una subutilización de la infraestructura instalada hasta llevarlas al abandono.
Según diversos especialistas, únicamente funcionan el 54% de las plantas menores a 100 litros/segundo en el país, y solamente el 25% lo hacen de manera adecuada. Asimismo, se estima que existen 3,517 plantas de tratamiento abandonadas en todo el territorio nacional con una capacidad instalada de tratamiento cercana a los 200 mil litros por segundo.
¿Cuáles son las principales causas de esta situación? Principalmente mala planeación, aparejada a un alto costo de operación y deficiente diseño. Las tecnologías que se han utilizado en las últimas décadas son caras y poco eficentes ya que utilizan importantes cantidades de energía eléctrica y químicos, cuyos costos son incosteables para la gran mayoría de los municipios y organismos operadores de agua del país, con muy pocas excepciones. En complemento, la capacidad de vigilancia y los recursos con que cuentan las autoridades para ello son notoriamente insuficientes.
Es claro que las políticas, programas e inversiones en la materia no han sido las adecuadas y las necesidades en la materia son crecientes. Sin embargo, existe la oportunidad para revertir esta tendencia a través de la rehabilitación de la infraestructura existente y la eficientización de su operación. Actualmente existen técnicas y tecnologías de nueva generación que además pueden ofrecer alternativas viables.
Tecnologías como la energía solar; algas para purificar el agua; filtración por membranas; procesos bioelectro-químicos, microbianos, y por supuesto, los sistemas de tratamiento basados en la naturaleza (como humedales naturales o artificiales) ofrecen soluciones adecuadas para complementar las limitaciones existentes y generar los beneficios ambientales, económicos y sociales que tanto se necesitan en la actualidad.
Contacto:
Eduardo Vázquez Herrera es director Ejecutivo de Agua Capital desde hace tres años, con la misión de promover la seguridad hídrica en la Ciudad de México. 25 años de experiencia en los sectores público, social y privado, además de colaborar en el sector del agua durante 16 años en el diseño y ejecución de estrategias, políticas y proyectos para la seguridad hídrica a nivel nacional y en la CDMX. *
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