Los actos de robo, vandalismo, sabotaje e intrusión crecieron 139%  en plataformas petroleras de Pemex durante 2017, reveló la tercera entrega del informe de cuenta pública 2017 de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Al menos 94 plataformas de la subsidiaria productiva registró 273 actos delictivos, desde 114 reportados en 2016.

De dicho total total, solo dos actos se clasificaron como graves, 49 fueron moderados y 222 menores, de acuerdo con el sistema de rastreo de eventos y condiciones inseguras de PEP, citado por el ente auditor.

“Sin embargo, el sistema no cuenta con parámetros que justifiquen dichas calificaciones, ya que corresponden al criterio del personal que los registra, por lo que el 81% fueron calificados como menores”, detalló la ASF en el documento.

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Respecto a las acciones legales realizadas por PEP, de las 12 plataformas seleccionadas con 57 delitos, Pemex presentó 12 denuncias, de 23 casos, con un valor estimado de 96 millones de pesos, de los cuales, el ministerio público resolvió la determinación del archivo temporal”.

De otras cuatro denuncias, la autoridad jurídica dictó acuerdos de no ejercicio de la acción penal por falta de evidencias periciales, la no acreditación de la propiedad, y porque no identificó a personas en conductas ilegales. Los siete casos restantes continúan en proceso; finalmente, de 34 denuncias no existe evidencia de ninguna acción penal realizada ante el MP.

La Auditoría señaló que no existe coordinación entre la Secretaría de Marina y Pemex en tareas de vigilancia, patrullaje y estrategias de seguridad, demás de que no se han implementado equipos de seguridad ni monitorio, que llevan sin utilizarse de entre tres y seis años.

“PEP carece de políticas y procedimientos para que los actos delictivos se atinenda en forma integral por las áreas involucradas en los proceso relativos al registro del evento en el sistema de PEP, notificación a las áreas, afectación contable, inventario patrimonial siniestros y acciones legales”, explica el documento.

El ente auditor también la falta de coordinación integral entre las áreas involucradas para la atención de delitos; la no acreditación de la propiedad de los bienes dañados o sustraídos, por no tener valor unitario de los bienes, así como la falta de evidencias periciales, la carencia de estrategia legal y falta de tareas de vigilancia, patrullaje y seguridad.

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