Por Luis Foncerrada Pascal*

Uno de los elementos que limitan de manera importante la reducción de la pobreza y la desigualdad en nuestro país, es la falta de acceso a servicios de salud y a medicamentos por parte de un alto porcentaje de la población.

Al existir problemas de salud no resueltos, la vida, el bienestar y actividades del enfermo y de su familia se complican enormemente. Los gastos se incrementan y los servicios públicos se enfrentan a una acumulación de casos y de descomposición de la salud que no pueden resolver. Si no existe el acceso oportuno a las vacunas, tratamientos y medicamentos necesarios, los costos en salud y en oportunidades para la población crecen desproporcionadamente.

La medicina privada atiende las necesidades de quien puede pagarla, pero los estratos de ingresos medios y bajos difícilmente pueden cubrir los costos de medicamentos, de análisis y estudios, y mucho menos de intervenciones o de los tratamientos que requieren las enfermedades no contagiosas. Con la aparición de las consecuencias de las enfermedades no contagiosas no atendidas oportunamente, como diabetes, cardiovasculares, enfermedades mentales entre otras, y aunadas a los casos de emergencia, el impacto en los enfermos representa una carga económica y emocional de costos extremos para la familia, ocasionando en muchos casos la pérdida o reducción de su patrimonio, una alta vulnerabilidad económica, e incluso que familias completas caigan bajo la línea de pobreza.

La inequidad en términos de acceso a servicios de salud es un factor fundamental en la explicación de los altos índices de desigualdad que existen en México. El acceso oportuno a medicamentos y servicios contribuye a tener un campo de oportunidades más parejo para lograr una mejor educación, mejor empleo y por lo tanto mejor ingreso, fortaleciendo los factores determinantes de la movilidad social. El acceso adecuado, el tratamiento adecuado en el momento adecuado, a todo tipo de servicios de salud y medicamentos, es uno de los principales igualadores de cualquier sociedad. Así se puede reducir la exposición a riesgos de salud, pero, sobre todo, es la manera de mitigar las consecuencias de la desventaja social, económica y sanitaria acumulada.

Hoy, la atención y acceso a servicios de salud en las instituciones públicas que tenemos es insuficiente. No existen las camas suficientes, la disponibilidad de medicamentos es incierta y afecta permanentemente la continuidad de los tratamientos. Los instrumentos de análisis y el material quirúrgico para intervenciones son escasos y en muchos casos mal mantenidos. El presupuesto de la Secretaría de Salud se viene reduciendo en términos reales, en más de 8% en 2017 y más de 4% en el 2018.

Los casos de muertes y daños irreparables a la salud, por esta escasez y falta de planeación, son continuos. El personal médico es insuficiente y por lo tanto llevan a cabo jornadas excesivas, sobre todo en lo que va de este año, impidiéndole dar el tratamiento de calidad en prevención y en atención hospitalaria. Esta situación ha sido ligeramente aliviada con la creación del Seguro Popular, que fue un paso en la dirección correcta.

La austeridad decretada en este inicio del nuevo gobierno podría ser, en muchos campos, comprensible y justificable, como el caso de la revisión de proyectos de infraestructura. Sin embargo, en el campo de la salud los costos han sido enormes, irreversibles en muchos casos, y la pobreza y la desigualdad no tienen otro camino más que incrementarse.

Primero lo primero. La salud es crítica para una sociedad que busca un desarrollo igualitario que reduzca las desventajas económicas. No hay justificación para incrementar los riesgos en salud de nuestra población al crear escasez en todos los ámbitos de los servicios de salud.

La desesperación, la impotencia frente a la ausencia de interés y de atención cuando se requiere, crea un malestar inmensurable en la sociedad y no abona a la prevención del crimen y la violencia.

Con el sector salud no se puede experimentar. Hay que dar pasos firmes e inteligentes, dirigidos a lograr una atención digna, adecuada, en el momento preciso y universal. Este es tal vez reto más importante que tenemos como país, y sin duda el principal reto del gobierno.

*Asesor Económico de American Chamber/Mexico

 

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