En el margen de las elecciones más grandes del país, con 3,400 cargos públicos en juego, las capacidades del Instituto Nacional Electoral (INE) se quedan cortas en materia de fiscalización, afirma la especialista María Amparo Casar.

“El INE no cuenta con los recursos humanos, financieros o técnicos suficientes para fiscalizar las millones de operaciones que se generan en el proceso electoral”, dijo Casar, Presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MMCI) en entrevista con Forbes México.

Si bien reconoce la “capacidad de clase mundial” del INE en cuestión de logística y organización, también destaca que hay otras instituciones que serían más adecuadas cuando se trata de inteligencia fiscal.

En opinión de Casas, el país debería aprovechar las capacidades de tres organismos: la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la Auditoría Superior a la Federación (ASF) y el Sistema de Administración Tributaria (SAT)

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“La única institución capacitada para fiscalizar a la totalidad de contribuyentes es el SAT, aunque tendría que autonomizarse del gobierno en turno”, agregó quien fue coordinadora de asesores de Santiago Creel cuando fue titular de Gobernación en el sexenio de Vicente Fox.

Hasta ahora los mecanismos independientes del INE para auditar los gastos “observables” que no son reportados -como espectaculares, eventos de campaña y publicidad en redes— solo han logrado dar visibilidad a una pequeña fracción de todo el dinero ilegal que interviene en campañas.

Por ejemplo, en 2017 detectó 276 millones de pesos ejercidos en campaña pero no reportados, es decir un 26.5% que no había sido informado a las autoridades. Las estimaciones de MCCI calculan un gasto hasta 10 veces mayor de lo que reportan los partidos políticos, de acuerdo al estudio Dinero Bajo la Mesa: financiamiento y gasto ilegal de campañas.

 

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