De nueva cuenta se realizaron elecciones estatales y locales, y la ausencia de una legislación efectiva en materia de comunicación digital hizo que redes sociales se convirtiera en un terreno libre para que candidatos hicieran lo que quisieran sin tener consecuencias por sus comportamientos.

Hasta este momento, el INE no cuenta con la infraestructura capaz de monitorear de forma efectiva las campañas políticas en medios digitales; es decir, no cuenta con un observatorio digital que le permita revisar de cerca el comportamiento de las campañas digitales.

Otro punto importante es que tampoco cuenta con la especialización necesaria que requiere la fiscalización de recursos invertidos en digital.

Las campañas de medios tradicionales solían medirse por impactos. Esto significa que se contabilizan las veces que un spot aparece en el espacio de un medio de comunicación.

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Sin embargo, este principio no puede aplicarse a digital, simplemente porque no se venden impactos de esa manera. Lo que se hace es entrar en un complejo sistema de subastas en el que, dependiendo de la habilidad del programador, se pueden lograr muchos impactos con un presupuesto limitado.

Poniendo el contexto claro, podemos observar de qué manera las campañas políticas aprovechan los vacíos legales.

Fiscalización de recursos
El problema principal que tiene en este momento el INE es que fiscaliza los recursos que se entregan a los partidos; también creó una serie de leyes que permitían, en teoría, garantizar la repartición equitativa de los tiempos del Estado en televisión, radio y prensa. Sin embargo, no existe un principio similar para medios digitales.
Seguir los montos invertidos por partidos en plataformas digitales sería muy complicado. Sin embargo, lo que podría ser mucho más efectivo sería fiscalizar las plataformas y hacer seguimientos de las campañas de partidos políticos de una manera muy puntual.

Veda electoral
Uno de los puntos más complicados en las campañas políticas es la veda electoral. Hacer que las instituciones y partidos guarden silencio los días previos a la elección es relativamente fácil. Sin embargo, hacer que los ciudadanos callen sería una evidente falta contra la libertad de expresión.
Cuando un usuario o un líder digital expresa su opinión en las redes sociales está ejerciendo su derecho a expresar sus ideas y convicciones políticas. Sin embargo, cuando lo hace bajo demanda de una institución política a cambio de alguna remuneración, entonces es probable que cometa un delito.
Si bien las autoridades no han encontrado una manera efectiva de conceptualizar dichas acciones ni de cómo controlarlas, los usuarios de las redes sociales las han reprobado e incluso han castigado con votos, tal y como sucedió con el Partido Verde en 2015.

Campañas negras
Aunado a esto, las campañas negras y el uso de bots han convertido a las redes sociales en un campo de batalla más que en un espacio de discusión, donde al parecer gana quien tiene los mejores ingenieros y no el mejor discurso.
Las supuestas agencias de contención de crisis, que en realidad rentan cuentas falsas de redes sociales operadas por personas para evitar ser denunciadas como bots, son uno de los grandes vacíos legales en las elecciones. Si bien no hay leyes que eviten o sancionen estos comportamientos, su uso cae en los límites de la ética y las buenas prácticas de las redes sociales.

Para legislar sobre el uso de redes sociales en materia electoral debe hacerse un profundo análisis a fin de marcar la diferencia entre lo público y lo privado de los usuarios de las plataformas digitales, evitando coartar la libertad de expresión y privilegiando el diálogo entre instituciones políticas y personas. Eso, o las redes se volverán un polvorín más que espacio para el diálogo.

 

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