La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) anunció la expropiación de 231 terrenos más ubicados en los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos y Tulum, en Quintana Roo, al ser considerados de utilidad pública para el Tren Maya.
El decreto fue publicado esta mañana en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y se detalla que los terrenos impactados tienen una superficie total de 5 millones 355 mil metros cuadrados, siendo el ayuntamiento de Solidaridad donde el mayor número de inmuebles fueron declarados útiles para el Tren Maya con 112.
Le sigue Tulum, donde el Ejército mexicano también tiene prevista la construcción de un Aeropuerto Internacional, con 77 terrenos expropiados; Puerto Morelos con 40 y Benito Juárez, con dos.
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De acuerdo con la Sedatu, en estudios realizados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se estableció la idoneidad de estos 231 terrenos para la construcción del Tramo 5 Norte y Sur que en recientes fechas cambio su trazos.
“Los inmuebles referidos en párrafos anteriores son apropiados e idóneos para la construcción y e funcionamiento integral del Proyecto Tren Maya, por lo que resulta necesario expropiar los inmuebles de propiedad privada localizados en la superficie del Tramo 5 Norte y Tramo 5 Sur señalados con antelación”, indica.
Esta es la segunda declaratoria de expropiación de terrenos que hace la Sedatu entorno a la construcción del Tren Maya. El pasado 17 de enero, la dependencia expropió 198 inmuebles en Quintana Roo y que comprenden los municipios de Benito Juárez, Solidaridad y Puerto Morelos.
La superficie que abarcan los terrenos a expropiados fue de dos millones 410 mil 107.72 metros cuadrados y corresponden al Tramo 5 Norte del ferrocarril.
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Hace unas semanas, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la Secretaría de Gobernación (Segob) negociaron con las Asociación de Hoteles de la Riviera Maya un nuevo trazo de este tramo para no afectar la infraestructura hotelera con la compra de terrenos que alcanzaría un costo al erario de mil millones de pesos.
Este cambio, más otros retrasos en la obra, motivaron el relevo de Rogelio Jiménez Pons al frente del Fonatur y la llegada de un operador político y cercano al presidente López Obrador, Javier May, quien se desempeñaba como titular de Bienestar.
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