La respuesta a una pregunta a Banxico revela mucho:
-¿Qué saben del tema de la inclusión de las personas con discapacidad a los servicios financieros?
-Tenemos la tablilla de billetes para las personas con discapacidad visual.
Lo mismo ocurre con firmas tradicionales, como bancos, o aseguradoras, así como de las nuevas
fintech. La respuesta es generalmente la misma: “Nuestras oficinas están dotadas de acceso, como rampas o guías para personas con ceguera”. “Permitimos el acceso a perros guía de nuestros clientes”…
En muy pocos casos comentan que hay servicios para, por ejemplo, asegurar la
plataforma de un vehículo para una silla de ruedas, o abrir una cuenta bancaria, el paso más básico imaginable.
Es decir, un derecho consagrado en la ley, que ordena la inclusión de las personas con discapacidad, en la práctica no existe.
En 2011 el entonces presidente Felipe Calderón promulgó la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la cual se reformó en julio de 2018. Si bien la ley es clara en cuanto a dotar de acceso a los programas sociales, de infraestructura, de apoyos a emprendedurismo, o apoyos para vivienda digna, hay poco en cuanto a promover el acceso a servicios financieros.
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Es decir, la población con discapacidad del país, que se calcula es, por lo menos 6% de la población general, o 7.5 millones, padecen la discriminación financiera, por encima de lo que ya sufre cada día.
Una voz, el mismo tono
El tema de propiciar acceso a los servicios financieros a las personas con discapacidad sigue el mismo tenor inclusive entre expertos y sectores sensibles al tema. Es el caso del
Reporte sobre la Discriminación en México, Crédito, que en 2012 publicó la Conapred y que coordinó Ricardo Raphael.
Ahí se sugiere a las instituciones y autoridades elaborar “un inventario sobre la infraestructura” que los proveedores de servicios financieros ofrecen a las personas con discapacidad.
Asimismo, recomiendan acciones para que las personas con discapacidad “gocen de servicios eficientes y adecuados a sus necesidades”.
En el poder legislativo, son pocas las iniciativas presentadas por los legisladores en torno al acceso a las personas con discapacidad a los servicios financieros. Destaca la postura de la senadora
Ana Lilia Herrera (PRI), quien pugna porque las empresas del sector, además de productos específicos, incluyan sistemas electrónicos, lenguaje escrito, oral, lengua de señas mexicana, visualización de texto en sistema Braille, dispositivos multimedia o auditivos para que ese sector pueda contratar dichos servicios.
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Pero en cuanto a productos dedicados para este segmento de la población, hay poco, si bien, aumentan las recomendaciones mientras se hace más visible el tema y la idea de que las personas con discapacidad vienen detrás de otros grupos altamente marginados, como los indígenas o demás grupos en estado de pobreza.
En sus recomendaciones para la “Armonización Legislativa en Materia de Discapacidad”, la CNDH ya establecía en su informe anual 2018 que, tras analizar “ocho leyes federales” pidió “visibilizar la capacidad de goce y ejercicio de las personas con discapacidad que debe reflejarse en su acceso, sin discriminación, a servicios financieros como cuentas de banco y crédito, seguros de vida y gastos médicos mayores; en la posibilidad de realizar por sí mismas trámites para la obtención de documentos oficiales; disfrutar de los beneficios de sus creaciones, entre otras actividades”.
Sin embargo, en la práctica, todo eso se queda en el papel, sobre todo en cuanto a la oferta de servicios financieros a personas con discapacidad, dice la senadora Herrera.
Condiciones a cuentagotas en el trabajo
No es lo mismo en inclusión laboral. Muchas empresas del sector financiero tienen programas diseñados para la inclusión laboral de personas con discapacidad. Es el caso de Citibanamex, por ejemplo, que mediante Citi Meet Up’s Inclusive Opportunities promueve el acceso a profesionistas talentosos con discapacidad.
En una primera etapa, en agosto de 2018, con 100 solicitantes, la feria fue un éxito, dijo el director de recursos humanos de Citibanamex.
“Para Citibanamex la inclusión es un componente fundamental en la operación de nuestra empresa. Estamos comprometidos socialmente con la incursión a la vida laboral de personas con discapacidad”, dijo Domínguez.
Es de esperar que eso influya en el conteo de personas con alguna discapacidad en el personal de Citibanamex ya que, apenas hace 5 años la empresa tenía a 80 personas en este renglón y ahora estará superando los 100.
Por la misma avenida avanza BBVA, que en México tiene un programa de inclusión de personas con discapacidad, para quienes desarrolla ofertas especiales de trabajo, adaptando sus instalaciones.
Sin embargo, a la hora de atender a la población con alguna necesidad, BBVA apenas lo hace en mercados como el de Colombia, Allá, el grupo financiero de origen español, trabaja en el “concepto de banca incluyente para permitir una interacción positiva de los consumidores financieros con discapacidad física, visual, auditiva y cognitiva leve”. En este sentido, la empresa capacita a su fuerza comercial, adecua sus oficinas y ofrece herramientas de accesibilidad en la web. Pero poco dice de productos especiales.
Veta de negocio
En México, refiere el Centro de Capacitación y Desarrollo Integral (CADI), casi 10% de los hogares tiene al menos a un miembro de la familia con discapacidad y una cuarta parte de las personas con discapacidad tienen empleo y alguna fuente de ingresos.
Ya lo dice el Center For Financial Inclusion: las instituciones financieras que quieran atender a las poblaciones con discapacidad pueden empezar con la gran oportunidad que ofrece lo más básico: una cuenta de ahorros. Sobre todo porque esta población se encuentra dentro de los nichos demográficos más vulnerables.
Pero, con todo y los barnices en su hacer de responsabilidad corporativa, muchas empresas del sector financiero hablan de la inclusión de personas con discapacidad mayoritariamente en términos de acceso, o iniciativas laborales (bien intencionadas, pero limitadas), o de apoyo a instituciones que promueven mejoras en la calidad de vida.
Las firmas financieras, por no decir las de consumo, pierden una gran oportunidad de mercado si no diseñan estrategias para las personas con discapacidad. No es sólo un tema cultural, o de sensibilidad, sino de mercado.
Dice el Centro para la Inclusión Financiera: “involucrar a las personas con discapacidad (en los servicios financieros) es esencial al desarrollar políticas, estándares o productos, o cuando se seleccionan tecnologías que permitan el acceso. De no hacerlo así, se corre el riesgo de excluir a un sector de la población que puede representar consumidores de esos productos financieros”.
El ejemplo
Ecuador es uno de los líderes regionales en la oferta de créditos a personas con discapacidad. En 2018, por ejemplo, el gobierno del presidente Lenín Moreno entregó, vía el Banco del Pueblo, casi 140 millones de dólares en créditos a mujeres del hogar, personas con discapacidad y adultos mayores. Es decir, segmentos sociales que, por lo general, no gozan de ese tipo de apoyos en otros mercados emergentes.
Eso se traduce, de acuerdo con datos de BanEcuador, en créditos para más de 15 mil personas con discapacidad.
*Este texto se publicó en colaboración con Yo También, una plataforma de comunicación sobre discapacidad e inclusión.
