El gobierno de México, a través de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), va a transparentar la ruta del dinero público hasta los “beneficiarios finales” de la corrupción a través de una plataforma que estará lista a partir de 2022.
Irma Eréndira Sandoval, titular de la SFP, anunció que hoy México se integra formalmente al grupo de países que conforman los Principios de Divulgación de Transparencia de los Beneficiarios Finales.
De forma internacional, en el combate a la corrupción, el beneficiario final o beneficial ownership es la persona física que en último término se beneficia, controla o posee una empresa (persona moral) o fideicomiso, los cuales impiden identificar a aquellos que obtienen alguna ventaja o ganancia por un hecho corrupto.
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En el marco de la Conmemoración del Día Internacional Contra la Corrupción, Sandoval señaló que este proyecto está encabezado por Reino Unido con el apoyo de la Alianza para el Gobierno Abierto.
“De esta manera, la Secretaría de la Función Pública y la Unidad de Inteligencia Financiera coordinarán los trabajos en el Gobierno de México para avanzar en la construcción del registro de datos sobre beneficiarios finales”, detalló Sandoval.
Entre los avances más destacados del combate a la corrupción, uno de los puntos medulares del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es la evaluación positiva de los ciudadanos a la estrategia anticorrupción de la actual administración.
“Dicho porcentaje, que en la administración anterior apenas alcanzó el 24% y en 2006 era tan solo de un 6%, durante este nuevo gobierno logró el 61% de aprobación. Lo anterior, con base en las estadísticas del Barómetro Global de la Corrupción 2019, una medición elaborada por Transparencia Internacional con sede en Berlín, Alemania”, detalló.
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