Para combatir la corrupción en México se requieren fortalecer mecanismos y herramientas para abatirla y no sólo contar con un presidente o funcionarios “honestos”, advirtió Ricardo Alvarado, investigador en Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).

El combate a la corrupción es una de los estandartes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pero hasta ahora su logró más destacado ha sido mejorar la la percepción de los mexicanos en este tema, de acuerdo con una medición del Barómetro Global de la Corrupción.

A pesar de que el reporte indicó que 9 de cada 10 mexicanos señalaron que la corrupción sigue siendo un problema para el país, hubo una reducción de quienes piensan que el problema aumentó este año, ya que pasó de 61% en 2017 a 44% en septiembre de este año.

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“La mejor medida de esta administración ha sido poner el tema en la mesa”, pero que las encuestas de percepción haya mejorado no quiere decir que se esté combatiendo  la corrupción; la gente confía en el gobierno y puede ser útil para empujar herramientas específicas, explicó Ricardo Alvarado en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción.

Logros y pendientes

Desde 2015 comenzó la lucha para abatir este mal, a través de la creación de instituciones como el Sistema Nacional Anticorrupción, sin embargo “el avance ha sido lento”, refirió el experto.

El fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), así como la expedición de las leyes de Responsabilidades Administrativas, Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, al igual que de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación son el resultado de este esfuerzo.

A pesar de estos logros se requiere “combatir con eficacia las redes de corrupción” y “mejorar herramientas dentro de la administración pública”, delineó Alvarado.

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Insistió en que se requieren fiscalías capacitadas para investigar estos casos, además de “cerrar las ventanas de oportunidad” que faciliten la malversación de los recursos públicos.

“Por ejemplo el ramo 23 era un mecanismo clásico de uso discrecional de recursos públicos que era usado por gobiernos anteriores y que este gobierno cerró casi por completo”, definió.

Sin embargo hace falta implementar reglas de operación en los programas sociales para que se defina quién, cuándo y cómo se reparten los recursos públicos, subrayó.

Celebró que 65 programas de esta administración ya cuentan con esta medida, pero imperó sobre la necesidad en que disminuya la discrecionalidad en los contratos públicos, ya que 1 de cada 4 de estos convenios son por licitación, los otros tres se asignan de manera directa.

Pueblo bueno

Casi tres de cada 10 víctimas de corrupción en México no denuncian este acto porque obtuvieron algún beneficio o consideraron que la corrupción es una práctica común, de acuerdo con cifras el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El experto negó que la corrupción sea parte de la idiosincracia del mexicano pero aceptó que es una construcción cultural, la cual se puede modificar.

A nivel nacional, 82% de la población mayor de 18 años no denunció el acto de corrupción del que fue víctima, explicaron número del Inegi.

Para cambiar esto se necesita que la justicia dé explicaciones, para saber qué va a pasar con las denuncias que los ciudadanos realizan, explicó Ricardo Alvarado.

“Conforme se mejore la sensación, la incomodidad es de gastar tiempo (en ir a denunciar) y que no pase nada, es como cambiarán las cosa, como dice Ana Laura Magaloni”, sentenció el experto.

 

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