Los recursos que se enfocaron para la reconstrucción en viviendas, negocios, escuelas e infraestructura de salud afectados por el terremoto de 2017, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se distribuyeron de forma poco transparente, sin garantía de que contribuyeran a resarcir los daños ocasionados y en muchos casos las obras de restauración se llevaron a cabo sin supervisión.

Los resultados de la revisión de la Cuenta Pública 2018, elaborado por la Auditoria Superior de la Federación (ASF), revelan la “deficiente gestión gubernamental para atender las afectaciones” por los sismos del siete y 19 de septiembre de 2017.

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Para atender esta emergencia, el gobierno de Peña Nieto destinó 19,804.8 millones de pesos, de los cuales 397.8 millones de pesos fueron recursos presupuestales; 18,380.5 millones de pesos recursos provenientes del fideicomiso Fondo de Desastres Naturales (FONDEN); 133.3 millones de pesos del Fondo Nacional Emprendedor (FNE), y 893.2 millones de pesos de la utilización de una línea de crédito de CIBANCO a terceros.

La auditoría  que se entregó a los integrantes de la Cámara de Diputados el pasado jueves apunta que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) no acreditó de forma “confiable” el número de viviendas afectadas por los dos siniestros y se entregaron 117.8 millones de pesos pese a la discrepancia de información de los beneficiarios.

Cabe destacar que en septiembre de 2017 se estableció que la SEDATU integraría el censo de beneficiarios y la dispersión de los recursos del FONDEN.

Tampoco se entregó documentación comprobatoria de los recursos asignados a micro, pequeñas y medianas de los estados de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, Estado de México, Morelos y Puebla; que sufrieron afectaciones.

Respecto a los recursos asignados para restauración de espacios educativos, en Oaxaca, Chiapas y Morelos, la auditoria señala que se ejercieron recursos fuera del periodo de evaluación de daños y en conceptos no autorizados y no se proporcionó la documentación comprobatoria.

El desorden en los informes de avance físico y financiero de las obras fueron tan amplios, que limitaron la comprobación del gasto y precisar el avance en la atención de los daños.

En el caso de la infraestructura de salud, el informe de la auditoria señala que aunque el hospital Juárez y los Centros de Salud Maximiliano Ruíz Castañeda y Dr. Duque se realizaron las acciones internas para la obtención del pago de las aseguradoras, no se obtuvieron los dictámenes de las aseguradoras que indicaran los montos que cubrirán por la afectación del sismo a los inmuebles.

La ASF realizó un total de 32 revisiones de las Cuentas Públicas 2017 y 2018.

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