Por María Josefina Menéndez*
Se estima que, en México, 3.2 millones de niñas y niños entre 5 a 17 años trabajan en actividades económicas no permitidas o en quehaceres domésticos en condiciones no adecuadas. Esta situación se genera principalmente por la necesidad de mayores ingresos en los hogares y porque niñas y niños tienen que pagar sus propios gastos, incluyendo su educación.
La crisis económica derivada de la pandemia por COVID-19 puede incrementar y agravar el problema del trabajo infantil. De acuerdo con el IMSS, en el primer cuatrimestre de 2020 hubo una disminución de 493,746 puestos de trabajo, a los que se suman las pérdidas de ingresos que ha tenido la población que labora en el sector informal.
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La reducción en los ingresos de las familias y la pérdida de empleos podría tener como consecuencia un incremento en el trabajo y la explotación laboral infantil, ya que, para complementar los ingresos en sus hogares, las niñas y niños tendrán que trabajar y, ante una economía en crisis, hay mayor riesgo de que sean reclutados e incorporados en actividades del crimen organizado u otras actividades ilegales como la trata y la explotación sexual.
Otro de los impactos podría verse en la deserción escolar e incorporación al trabajo infantil, en especial en familias con empleos informales y las actividades económicas sin prestaciones sociales.
Ante este panorama Save the Children recomienda al gobierno federal implementar acciones tales como incorporar el principio del interés superior de la niñez al “Plan Gradual hacia la Nueva Normalidad en México”; incrementar programas para la protección social de la niñez y adolescencia; mantener fuentes de empleo de jóvenes que desempeñen una actividad remunerada en el marco de la Ley, y emitir un Plan Nacional para Erradicar el Trabajo Infantil, Trabajo Forzado y Trata Infantil 2020-2024 para cumplir con la meta 8.7 del objetivo de la Agenda 2030 de la ONU.
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CEO MÉXICO de Save the Children
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