Una ley mal redactada daría derecho a invadir viviendas en CDMX
Se trata de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías que en su artículo 60 señala que los desalojos forzosos sólo se podrán llevar a cabo en “casos excepcionales” con el objetivo de evitar que violen el derecho a una vivienda adecuada.
El mercado de arrendamiento en Ciudad de México podría paralizarse y se podría inhibir la inversión para la creación de vivienda en renta debido a la mala redacción y aprobación apresurada de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías de Ciudad de México, que “daría derecho” a invadir la propiedad privada.
El artículo 60 de dicha Ley, publicada en febrero de este año, señala que los desalojos forzosos sólo se podrán llevar a cabo en “casos excepcionales” con el objetivo de evitar que violen el derecho a una vivienda adecuada y otros derechos; lo que supone diversas lesiones jurídicas a los propietarios de viviendas en la capital del país como daño patrimonial al estado, de acuerdo con Jorge Gaviño, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos en el Congreso de Ciudad de México.
Por ello consideró necesario modificar este artículo con el objetivo de evitar perjuicio a propietarios -es decir, particulares que rentan un inmueble- y al mercado inmobiliario.
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“Se afectan los derechos posesorios regulados en el artículo 9 de posiciones civiles, puede paralizar la inversión y la creación de vivienda en renta, paraliza el mercado de arrendamiento y lo que sería el mercado de dato, viola la certeza jurídica y tiene un cargo patrimonial para el Estado”, señaló el legislador local en entrevista con Forbes.
Esta carga para el Estado podría generarse toda vez que el artículo también contempla que las autoridades competentes tendrán la obligación de garantizar el adecuado realojamiento de las personas desalojadas que no cuenten con recursos, mismo que tendrá que ser en un radio no mayor a 15 kilómetros tomando como centro el lugar de origen.
Además de que las personas que sean desalojadas tendrán el derecho a no ser discriminadas, que se estudien todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la necesidad de recurrir a la fuerza, incluso, la debida indemnización en saro de ser privado de bienes o sufrir pérdidas inmateriales, en tanto que las personas que sean objeto de un lanzamiento “de su domicilio” cuenten con las debidas garantías procesales que incluyen la obligación de un juez a darles audiencia.
En ese sentido los integrantes del Congreso de la Ciudad de México ya preparan cambios “significativos” para este artículo que forma parte de una Ley que, desde el punto de vista de Gaviño ha requerido “parches” desde su publicación.
Un mes después de su publicación en los integrantes del recinto de Donceles integraron cambios a 31 de 134 artículos que conforman la Ley de Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías
“En febrero se ven que hay muchos errores en la redacción y un grupo mayoritario (de diputados) corrige hasta casi un cuarto de todos los artículos y entonces queda parchada, se aprueba, pero el artículo 60 sigue con problemas muy graves de redacción, de ahí vienen un gran número de personas preocupadas como desarrolladores inmobiliarios gente y otros grupos”, explicó.
De acuerdo con el diputado existe consenso por parte de los grupos parlamentarios incluido el de Morena, que cuenta con la mayoría de los integrantes del Congreso y se prevé que los cambios se empiecen a integrar en un dictamen a partir del viernes para que se subsanen las fallas lo más pronto posible.
