Dentro de la agenda legislativa pendiente, en congruencia con los afanes de austeridad que se han impuesto, está la reforma electoral. En los últimos días se han escuchado voces anunciando su impulso en varios sentidos.

Más allá de los despropósitos (el de mayor envergadura apunta hacia una indeseable reversión para que el gobierno se encargue de la organización de los comicios) y las ocurrencias, en general parece haber un consenso en dos aspectos dignos de considerarse seriamente: la reducción de las prerrogativas a los partidos y la eliminación de los organismos electorales de carácter estatal.

El primer tema es importante por muchas razones. La principal: es una demanda popular. El hartazgo por los abusos de las élites políticas, que no es sólo mexicano, ha llevado a los partidos tradicionales a una crisis hoy notoria. La necesidad de legitimación tendría que empezar por una muestra de sensatez en el uso de los fondos públicos que se les destinan.

Hay quienes suponen la posibilidad de eliminar completamente las prerrogativas y dejar que las organizaciones políticas sobrevivan con recursos propios. La discusión es muy vieja y, en lo personal, sigo pensando que los partidos son organizaciones útiles a la vida pública nacional y, por lo tanto, los fondos del erario destinados a ellos establecen un piso mínimo de competencia. Dan espacio para canalizar la disidencia y, con esto, para inhibir la disputa del poder por vías no democráticas.

Abrir indiscriminadamente el modelo ya aplicado en otros lugares (EU como ejemplo mayor) en el que los capitales privados hacen la diferencia en la capacidad competitiva de los partidos, sería un error. No sólo por los intereses que estarían atrás de las “donaciones”, sino porque nuestro país está sumamente expuesto al lavado de dinero.

Mantener y apretar el control sobre los fondos que llegan a los partidos (públicos y privados) y reducir la carga para el erario, sería lo mejor que podría pasarnos.

Por otro lado, desde su aprobación, he sostenido que la Reforma Electoral del 2014 se quedó a la mitad del camino: nacionalizó parte de los procesos locales, pero dejó las estructuras burocráticas que coexisten con las federales.

El Instituto Nacional Electoral tiene una Junta Local por cada estado y 300 juntas distritales permanentes en todo el país.

Cada una de ellas tiene personal calificado, procesos probados y tecnología ad hoc para la organización no sólo de los comicios federales, sino de todos los demás. Los llamados OPLE (Organismos Públicos Locales Electorales) resultan redundantes y, en buena medida, inútiles. Por lo mismo: un gasto innecesario.

La discusión aún abierta sobre salarios de consejeros (pertinente, es cierto, pero también de segundo plano) no debería distraer los esfuerzos legislativos, porque se requerirá “tejido fino” en la búsqueda de consensos para reducir recursos a los partidos y para quitarle a los gobernadores un instrumento cercano a sus posibilidades de influencia política.

La Reforma Electoral posible puede ser, por fin, también la deseable.

 

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