A partir de la década de 1980, se instrumentaron políticas de ajuste estructural que cambiaron radicalmente el modelo económico en México. Se privilegió la estabilidad macroeconómica, la desregularon los mercados financieros, liberalizaron la inversión extranjera directa, limitaron la participación pública en la economía y abrió la economía. Bajo dicho enfoque, la participación pública debe limitarse exclusivamente a establecer las condiciones necesarias para la óptima operación de la inversión privada. Era la idea de que la mejor política industrial era no tenerla. Las reformas estructurales tuvieron efectos mixtos en la economía. Por un lado, se logró estabilidad, como el controlar la inflación y el déficit fiscal, aunque en los últimos años el nivel de deuda creció de manera importante. Sin embargo, la economía crece muy poco y los empleos que se generan son de muy baja calidad. El modelo de apertura, sin política industrial, falló.

Se asumió que al entrar en operación el TLCAN se desarrollaría la estructura industrial del país. Se consideró que las empresas globales líderes del sector maquilador impulsarían a las compañías nacionales, proveedoras de dicho sector, y les permitirían alcanzar los avances tecnológicos, mejorar la capacitación de su capital humano, a invertir más recursos en investigación y desarrollo, desarrollar su capacidad innovadora, etc. El resultado es que México es hoy, en efecto, un importante país manufacturero exportador. El valor de las exportaciones se incrementó de 14% del PIB en 1994, hasta 30% del PIB 20 años después. Además, la aportación del sector manufacturero a las exportaciones totales aumentó de 15 en 1980 a 80% hoy en día. En la actualidad el 60% de las exportaciones son de mediana o alta tecnología, mientras que en 1990 estos productos representaban únicamente una tercera parte.

No obstante, el auge exportador manufacturero, trajo consigo un incremento sustancial en las importaciones, tanto de bienes intermedios que se incorporan en el ensamblaje, como de otros productos como de bienes finales. Más del 30% del incremento en la demanda agregada de la economía desde mediados de los años ochenta hasta finales de la primera década del siglo fue satisfecho con bienes importados. Aun cuando el peso se ha devaluado en los últimos nuestras exportaciones manufactureras no crecieron en la misma proporción. La industria maquiladora no ha logrado impulsar a las empresas nacionales a desarrollar sus capacidades de innovación tecnológica y por tanto el desarrollo de bienes intermediarios.

En general, las compañías que operan en México muestran una baja tendencia a invertir en investigación y desarrollo, en mejorar sus procesos organizaciones y su capital de trabajo. Por tanto, resulta difícil que las empresas nacionales absorban tecnología, generen nuevos mercados que impulsen el crecimiento económico y formen parte de las redes globales de generación de valor. En realidad, las empresas invierten muy poco. El cociente de formación bruta de capital es actualmente de 22%, por debajo al de 1981 y menor al 25% recomendado por organizaciones como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Como resultado, el crecimiento en el país ha sido muy bajo. Tan sólo de 1987 a 2014, la tasa anual promedio de crecimiento del PIB fue de 2.6%, mientras que el ingreso per cápita ha crecido a una tasa de 0.5% promedio anual.

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¿Qué se propone para solucionar la problemática? El día de ayer, en la Comisión Permanente del Congreso, presenté una iniciativa de Ley de Industria, que reglamentaría el artículo 25 constitucional, para establecer las bases de una Política Nacional de Desarrollo Industrial Moderna, que permita generar un crecimiento innovador, incluyente, sostenido y sustentable. El enfoque de desarrollo industrial que proponemos es el de situar a la innovación como eje central del crecimiento, con misiones y objetivos específicos. Es decir, además de políticas denominadas como horizontales, que pretenden impulsar el desarrollo de todas las industrias, con acciones que mejoren el medio ambiente de negocios, también se requiere de mecanismos que permitan crear nuevos mercados y mejorar los que ya existen y transformar la estructura de ciertos sectores productivos.

México puede y debe generar ventajas competitivas, no solamente aprovechar las existentes, por medio de mecanismos que hagan posible la innovación y la generación y absorción de tecnología. Eso va a generar crecimiento de manera sostenida y ayudar a alcanzar grandes objetivos nacionales como menores emisiones, reducción de la pobreza, movilidad o mejores servicios de salud y educación.

La iniciativa se basa en evidencia histórica y reciente de los países que tomaron la decisión de convertirse en potencias industriales. La intervención de política pública de estos países no ha quedado exclusivamente en ser un mecanismo administrador y facilitador para el sector privado, o solamente en la apertura de mercados. Se requiere de nuevos mecanismos para que la banca de desarrollo y el sector financiero sirvan para fondear proyectos de inversión, que detonen innovación, con rendimientos en el largo plazo. Se propone que una parte de las ganancias de la banca de desarrollo sirva para financiar la innovación de las empresas en un esquema en el que las ganancias de los proyectos también se compartan con la misma. Se propone también tomar el ejemplo de las agencias de financiamiento y desarrollo de innovación que trabajan con las empresas y alinear la inversión pública y la investigación al desarrollo industrial.

 

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