Al hablar de gobierno abierto suele incurrirse en algunos falsos supuestos. Algunos de ellos tienen que ver con dar por sentado que sin las TIC es imposible una gestión de gobierno abierto. Y segundo, que el famoso “Memorándum sobre Transparencia y Gobierno Abierto” firmado por Obama en 2009, marca el inicio de este tipo de gestión pública, confundiéndose la popularidad que alcanzó el discurso del gobierno abierto en ese momento, con sus orígenes, los cuales se ubican incluso antes de adoptar ese nombre.

Junto con estos antecedentes del gobierno abierto, un halo de excesivo optimismo parece acompañar los argumentos sobre esta forma de gobernar. Tal concepto suele usarse sin mayor rigor y hacerlo sinónimo de acceso público a información gubernamental. Aquí valen algunas definiciones. La OCDE lo describe no sólo como la apertura de procedimientos, medidas, documentos y datos del gobierno para el escrutinio y participación públicas, sino también como un elemento que genera mejores políticas y servicios, integridad y un combate más eficaz a la corrupción. Para el Banco Mundial las características de los gobiernos abiertos son transparencia, participación y colaboración ciudadana, y capacidad de respuesta.

Sin embargo, hay otros aspectos más complejos de superar que la ambigüedad del término. El desencanto con la democracia dibuja el escenario en el que la noción de la política como la búsqueda del bien común contrasta con la noción de la política como el arte de lo posible, inclinándose los hechos una y otra vez hacia este último significado. Hace poco, por ejemplo, Latinobarómetro reportaba que en algunos países del continente sus ciudadanos están más desencantados que nunca con la democracia y que cada vez hay más opiniones indiferentes, sino es que francamente inclinadas hacia modelos autoritarios. Es ante este tipo de percepciones de desconfianza y de indiferencia, particularmente entre los jóvenes, que debemos hablar de gobierno abierto y sus expectativas de que esta es la nueva forma de relación de gobernantes y gobernados.

En México la política de datos abiertos no se ha traducido en un monitoreo ciudadano amplio capaz de influir en los procesos de decisión de las autoridades. Vemos como la trampa de la transparencia puede implicar que los portales de los gobiernos en sus tres órdenes de gobierno ofrezcan información poco significativa en áreas o temas relevantes contra la corrupción o que parece reservada solo para especialistas.

Lo anterior contrasta con el papel protagónico que tuvo México para impulsar la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA), lanzada en septiembre de 2011. A ocho años de esta alianza internacional, sus primeros años en el país estuvieron marcados por tensiones con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), tras la denuncia de presuntos actos de espionaje ilegal contra activistas y defensores de derechos humanos, a través del malware Pegasus y que concluyó con la retirada del Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil (NOSC) en mayo de 2017.

En el contexto de la nueva administración federal, el gobierno mexicano anunció la reactivación del diálogo y los trabajos por parte de la Secretaría de la Función Pública, el INAI y el NOSC para la construcción del Cuarto Plan de Acción de México 2019-2021 ante la AGA. De los enormes retos que supone hacer del gobierno abierto una nueva forma de gestionar lo público en México, el ámbito municipal destaca por representar los mayores pendientes en transparencia. No abordar el tema desde ese ámbito es condenarnos a una batalla incompleta por dotar a la ciudadanía de verdadero poder para intervenir en los asuntos públicos.

 

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