A pesar de la condición federal en México, en diversas áreas y momentos el gobierno ha funcionado como si fuera de tipo centralizado. Comenzando por la falsa creencia de qué hay niveles de gobierno jerarquizados entre la Federación, los estados y municipios, y no órdenes equiparables, pero con funciones diferenciadas. La tentación centralizadora siempre ha existido en casi todos los espacios públicos, pues si lo no funciona porque los demás no saben o no pueden, la solución es atraer, centralizar y controlar para que salga todo bien. La creciente aprobación de leyes generales o nacionales, en comparación con las leyes federales en el Congreso, nos deja ver dicha condición.

La nueva lógica de las compras de la administración federal a través de oficiales mayores “centralizados”, la desaparición de las delegaciones de las dependencias de la administración federal y el nombramiento de delegados con todas las funciones, la intervención de la Secretaría de Hacienda en la toma de decisiones sobre recursos humanos y financieros, así como los recortes de dinero y personal, entre otros, además de la renuncia de Germán Martínez Cázares, donde describe dichos mecanismos de centralización, son sólo algunos de los elementos públicos que tenemos, con lo que podemos inferir la forma en que se está ejerciendo la administración pública.

La centralización como estrategia administrativa puede funcionar bajo ciertas condiciones, pero en un contexto de complejidad y especialización, como la que tiene la administración pública mexicana, lo más seguro es que genere muchas más consecuencias negativas, que redundarán en la eficiencia de los procesos de toma de decisiones e instrumentación de las mismas, en el mediano plazo, haciendo más complicado distribuir bienes y servicios gubernamentales, fuera de las prioridades presidenciales.

La estrategia presidencial ha implicado no únicamente eliminar intermediarios y tomar control de los procesos de apoyo a las áreas sustantivas de las dependencias, como el presupuesto y la nómina, sino que también ha implicado la reconfiguración de diversos supuestos en la administración pública. Lo anterior, ha vulnerado la autoridad de diversos espacios de decisión, incrementando la irracionalidad administrativa, así como la posible violación de normas, ante la necesidad de la instrumentación de las decisiones presidenciales.

El panorama contrasta con las recomendaciones sobre buen gobierno democrático, que incluyen principios de transparencia, rendición de cuentas, gobierno abierto, etc., así como la instrumentación de metodologías de planeación y elaboración de presupuesto, así como técnicas de instrumentación de los planes y programas de gobierno. Hasta ahora, más allá de las presentaciones que ha hecho el presidente y titulares de algunas dependencias, no se conocen versiones escritas de los principales programas, por lo que no se puede presumir que las cosas estén ocurriendo de acuerdo a las prácticas internacionales, aceptadas en diversos convenios y documentos firmados por el gobierno mexicano.

Más allá de eso, la centralización obedece a las prioridades presidenciales, como ya se ha dicho, pero pasa por alto las necesidades específicas de cada dependencia. Por ejemplo, un recorte estándar de 30% en el presupuesto o el personal, no toma en cuenta las necesidades diferenciadas por sector, estrategia o programa, lo que lleva a irracionalidades que impactan la toma de decisiones, la ejecución y la consecución de metas. No es lo mismo recortar ese 30% a hospitales, que, a una subsecretaría en gobernación, o en el área de comunicación de la presidencia.

Si bien la centralización y los recortes obedecen a la necesidad de “limpiar” la administración y canalizar recursos a los programas prioritarios, como lo ha dicho el presidente. Las administraciones ven a sus contrapartes de distintas maneras y a partir de ahí construyen enfoques que sirven de base para el diseño de política pública. Ver a las personas como votantes, ciudadanos, pagadores de impuestos, receptores de servicios, clientes, etc., genera un contenido distinto a las acciones de gobierno en su conjunto. Es claro que, en este caso, el presidente ve votantes y a partir de ahí se diseñaron las prioridades presidenciales, el método para llegar a ellos, es la centralización y el control del gasto, las personas y las decisiones.

 

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