México debe acatar la decisión de un tribunal local y crear una comisión independiente que investigue la desaparición de 43 estudiantes hace casi cuatro años, un caso que puso la mirada internacional sobre la violencia en el país, dijo el miércoles la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El tribunal ordenó esta semana la creación de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia al identificar fallas en la pesquisa llevada a cabo por la fiscalía mexicana y señaló que incluso hay indicios de que algunas confesiones de presuntos implicados fueron obtenidas bajo tortura. La Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia estaría integrada por representantes de las víctimas, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y el ministerio público federal. “Es el mandato de una sentencia de un tribunal colegiado y como sentencia debe ser cumplida”, dijo Esmeralda Troitiño, relatora de la CIDH para México en conferencia de prensa desde Washington y transmitida por redes sociales, para dar a conocer el balance de un mecanismo especial para el caso. El país “debe adoptar una nueva narrativa” para ir por una nueva teoría del caso, agregó, refiriéndose a la versión oficial de que los estudiantes de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre del 2014 a manos de fuerzas de seguridad y delincuentes, habrían sido incinerados en el basurero de Cocula, del violento estado Guerrero, donde ocurrieron los hechos. En 2015, el llamado Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, halló que la investigación estuvo plagada de errores que podrían obligar a la revisión completa del caso. Representantes de la CIDH coincidieron el miércoles en que el Gobierno mexicano debe acatar también las recomendaciones de una medida cautelar emitida por el GIEI alrededor del caso. “La comisión analiza la importancia de acotar todas y cada una de las líneas de investigación (…) que bien conducida puede arribar a resultados que ayuden a una búsqueda efectiva del paradero de los estudiantes desaparecidos”, dijo Troitiño. Durante el informe también se hicieron otras recomendaciones como esclarecer el papel del ejército, de policías federales, incluyendo a mandos, y ofrecer beneficios a inculpados para romper los “pactos de silencio”. La desaparición de los estudiantes del magisterio, ocurrida en el sureño estado Guerrero en 2014, golpeó al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y dejó al desnudo relaciones entre autoridades y grupos de la delincuencia organizada en el país.

 

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