Reuters.- Los gobiernos de la Unión Europea (UE) están divididos sobre el plan del llamado impuesto digital, el cual gravaría a grandes empresas de internet como Google y Facebook, debido a represalias de Estados Unidos, por lo que podrían retrasar su aplicación hasta que se alcance un acuerdo internacional, dijeron este martes funcionarios europeos.
Según una propuesta de la Comisión Europea en marzo, los estados de la UE cobrarían un impuesto del 3% sobre los ingresos digitales de las grandes firmas, que están acusadas de eludir impuestos al dirigir sus beneficios a los países del bloque con baja presión fiscal.
Sin embargo, un gran número de ellos se opone al plan, que requiere el apoyo de los 28 estados de la UE.
El intento de la Comisión de crear un sistema que garantice que las empresas de internet paguen un impuesto adecuado se está ejecutando en paralelo con un estudio sobre el tema realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que busca un planteamiento multilateral.
“Es muy difícil ver un acuerdo sobre el impuesto digital porque todavía no se han resuelto muchos problemas técnicos”, dijo el ministro de Finanzas danés, Kristian Jensen, a periodistas en los márgenes de una reunión de ministros de Finanzas de la UE.
Añadió que el impuesto propuesto en la UE se diseñó de forma que afectaría principalmente a empresas estadounidenses y por lo tanto provocaría represalias de Estados Unidos. “Por supuesto que habrá una reacción de Estados Unidos”, dijo, señalando que el impuesto “no es una buena idea para Europa”.
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Sus comentarios se hicieron eco de otros realizados por diplomáticos de varios estados de la UE, entre ellos Alemania, Suecia, Irlanda y Malta, en una reunión la semana pasada, según responsables de la UE.
Francia, que ha sido durante mucho tiempo el principal defensor del impuesto, propuso en septiembre una cláusula de suspensión, como un paso para convencer a los países reacios. Este martes, sugirió que podría estar de acuerdo en dar más tiempo para aplicar un nuevo sistema tributario, para que la OCDE pueda terminar su análisis.
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