Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STyPS), señaló que la reforma a los sistemas de subcontratación laboral sigue pendiente en el Congreso de la Unión pero no está congelada.
Señaló que una vez que se restablezcan las actividades normales en el Congreso de la Unión, la discusión de la iniciativa podría ser una de las prioridades.
“Hemos platicado con los legisladores, hay toda la voluntad, no vemos que estén retrasando el tema de manera deliberada, ahora que se retomen las actividades en el congreso van a ser una de las prioridades en la agenda, porque hay consenso”.
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Las medidas de confinamiento establecidas para tratar de contener los contagios por Covid-19 expusieron a un gran número de empresas que hacían subcontrataciones ilegales, afirmó en entrevista con Forbes México.
“Fueron las primeras empresas que detectamos, según datos del IMSS, que dieron de baja a los trabajadores, que vaciaron sus nóminas de un dia a otro, apenas empezábamos a ver la situación crítica y estas empresas ya habían vaciado sus nóminas enteras desvinculando y desprotegiendo a toda esta gente en una situación sanitaria (…) eso es el fenómeno que necesitamos seguir abatiendo”.
Señaló la necesidad de integrar lineamientos legales para diferenciar entre la contratación legal y la ilegal.
El dictamen que se presentó en el Senado en noviembre de 2019 propone implementar un sistema de gestión para verificar el cumplimiento de los requisitos para la contratación a cargo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STyPS).
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El documento advierte que la subcontratación lícita ocurre cuando una persona provee de trabajadores especializados en actividades que el contratante no lleva a cabo, en tanto se trata de actividades necesarias, pero no las esenciales de su giro.
La propuesta establece que la subcontratación únicamente podrá realizarse respecto de actividades laborales en las que los trabajadores que el contratista provee exijan de una especialización que resulte ajena o accesoria a la actividad o vocación preponderante o principal de aquella que realice el contratante o beneficiario.
Además propone un programa temporal de inmunidad penal para que aquellos contratantes que incurrieron en conductas delictivas en perjuicio de los trabajadores y del Fisco Federal resarzan el daño a cambio de beneficios penales.
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