La iniciativa para prohibir la subcontratación, conocida como outsourcing, elaborada por Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social (STPS), desalienta la inversión privada, pone en riesgo millones de empleos, disminuirán los ingresos del Estado y los que simulan, seguirán haciéndolo.
El mercado de la subcontratación en México está integrado por 5 millones de trabajadores, es decir, 23% de los inscritos al Instituto Mexicano del Seguro (IMSS), así como participan miles de empresas de todos tamaños que dan servicio a todas las actividades económicas del país.
Los micronegocios, que integran 94.9% de los establecimientos a nivel nacional, emplea a 9.5% del personal contratado a través del outsourcing, así como las pymes subcontratan a 44.7% de su personal.
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En las grandes empresas el 45.8% del personal es subcontratado. Por otro lado, el sector servicios 34.8% del personal es subcontratado, 30.5% en el comercio y 24.9% en las industrias.
Al eliminar el outsourcing se provocaría que sectores económicos completos y empresas pierdan competitividad y se desaliente la inversión extranjera directa, que generalmente usan el esquema laboral por no conocer las reglas del sector en México.
La existencia del outsourcing aumenta la productividad de las empresas. De 2003 a 2018, la productividad del personal subcontratado aumentó 4.4% en promedio anual. La competitividad permite estar en igualdad de condiciones para competir con empresas de Estados Unidos y Canadá.
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El modelo de negocios de la subcontratación permite que todos los trabajadores subcontratados estén registrados en el IMSS, lo que ayuda a reducir la informalidad laboral.
Según el Colegio de México (Colmex), en los sectores que hacen uso intensivo de la subcontratación se ha reducido la informalidad del 33% al 22% de la población ocupada. Además, la prohibición de la subcontratación haría que las empresas fraudulentas continuaran ofreciendo sus servicios ilegales.
El CCE, la Coparmex y la Canacintra están a favor de cualquier esfuerzo para acabar con las actividades fraudulentas sin perder de vista que existe una muy importante actividad económica, así como de generación de empleo formal y digno creado a través de la subcontratación laboral. Se debe regular, no eliminarse, defienden.
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Pero con la iniciativa presentada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, se traiciona la confianza de los agentes económicos, políticos y sociales del país, resta competitividad a la economía frente a sus socios comerciales de Europa, Estados Unidos y Canadá, así como envía mala señal a la inversión nacional y extranjera.
La iniciativa enviada por el presidente a la Cámara de Diputados pone en el mismo nivel del crimen organizado a quien ofrece y contrata el servicio de outsourcing. Eso solo se ha visto en países gobernados con estilo dictatorial.
La propuesta de Ley para desaparecer el outsourcing de Luis María Alcalde fue rechazada por los organismos empresariales, inversionistas, partidos políticos de oposición, sindicatos, académicos y organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de los que México es signatario.
La iniciativa respaldada por el presidente de la República de Morena se sintetiza en una frase: se cortó una mano para resolver un problema en un dedo.
