El senador de Morena y líder del Sindicato Nacional Minero, Napoleón Gómez Urrutia insiste en impulsar mediáticamente una iniciativa en materia de subcontratación que en los hechos pretende prohibir y criminalizar dicha actividad, afirmó Miguel Pérez García, presidente de la Confederación Mundial de Empleo para América Latina.
“Las empresas de tercerización son una solución inmejorable, ya que permiten ahorrar costos, flexibilizar el trabajo y contar con modelos innovadores y focalizados en materia de gestión de personal”, manifestó el también presidente de la Asociación Colombiana de Empresas de Servicios Temporales (ACOSET).
Incluso el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador contrata 28,800 empleados con empresas de outsourcing para que entreguen y promuevan los programas sociales.
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Hoy más que nunca tenemos que cuidar los 8 millones de trabajadores que laboran bajo algún modelo de subcontratación en México, dijo el empresario colombiano. Y recordó que la subcontratación ha ayudado en diversos sectores económicos mexicanos a aumentar tanto la productividad como los índices de formalidad.
La subcontratación, lejos de ser un problema, constituye una de las principales armas contra la crisis provocada por el Covid-19, comentó Pérez García.
Hasta inicios de octubre de 2020 se habían entregado casi 2,000 millones de pesos en asignaciones a empresas de outsourcing, según una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
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En 2019, las secretarías de Bienestar, Economía, Relaciones Exteriores, la Marina, la Sedena, Cultura y Educación, Bancomext, Nacional Financiera, Banobras, el INEA y en centros de investigación pagaron 3,000 millones de pesos en contratos en la subcontratación de personal.
La mayor subcontratación se dio a través de la empresa MZT Corporativo Ejecutivo, quien en septiembre de 2020 ganó una asignación directa por 310 millones de pesos para emplear a un máximo de 21,107 agentes de aprendizaje del programa Prepa en Línea.
MZT Corporativo Ejecutivo manda a 18,508 trabajadores para que sean asesores virtuales de los alumnos inscritos en la preparatoria impulsada por la Secretaría de Educación (SEP).
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La empresa también se comprometió que 3,136 plazas de trabajo de tutores y especialistas para que desarrollen la plataforma y enriquecen los contenidos del programa de educación a distancia de la SEP.
Seguridad Alimentaria Mexicana, una dependencia encargada de administrar a Liconsa y a Diconsa, subcontrató a 3,600 empleados a una empresa de outsourcing para que ayude en el reparto de alimentos en zonas rurales y urbanas de la República Mexicana.
La Secretaría de Cultura cedió a empresas de outsourcing la nómina de 1,600 de sus trabajadores, la mayoría de los programas Semilleros creativos y Misiones por la diversidad cultural, enfocados en atender comunidades rurales de todo el país.
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La Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, un banco de desarrollo dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recurrió al modelo de outsourcing y tiene vigente un contrato por 670 millones de pesos con la empresa WeKeep on Moving.
La empresa de outsourcing se hace cargo de la nómina de 928 empleados, quienes promueven los programas crediticios del gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El contrato incluye pagos a directivos de la financiera rural, con sueldos de hasta 106 mil pesos mensuales.
La misma empresa WeKeep on Moving obtuvo dos contratos para reclutar a 351 empleados para promover los programas de la Comisión Nacional de Vivienda (Canadevi).
Los empleados de la SEP, Segalmex, financiera rural, Canadevi, Banco del Bienestar y la Secretaría de Cultura reclutados bajo el régimen de subcontratación no tienen garantizado empleo más allá del tiempo que dure el acuerdo con la empresa de outsourcing. Son empleados temporales. Por ejemplo, a los trabajadores de cultura se les contrató sólo por ocho meses.
A principios de este año, el senador Napoleón Gómez Urrutia intentó imponer dentro del Senado la iniciativa para regular el outsourcing pasando por alto los acuerdos plurales y democráticos a los que se llegó al interior de dicha cámara, declaró Miguel Pérez García, presidente de la Confederación Mundial de Empleo para América Latina.
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“No solamente se ignoraron los diálogos de dos parlamentos abiertos, sino que no se respetaron los compromisos explícitos a los que gracias a la Junta de Coordinación Política del Senado (JUCOPO) llegaron representantes del Ejecutivo Federal, legisladores, empresarios, trabajadores, sindicalistas y académicos en una serie de mesas de alto nivel”, dijo el empresario.
“Lamentablemente, parece que los intereses políticos y económicos particulares están por encima del empleo de los mexicanos y de los pactos conjuntos”, agregó.
El representante de las empresas de outsourcing dijo que resulta positiva la propuesta del senador Gómez Urrutia de crear un seguro de desempleo, pero no responde preguntas fundamentales que las circunstancias ameritan, como cuál será la temporalidad de dicho seguro, de dónde se sacarán los recursos para financiarlo, quiénes serán los beneficiarios y cómo se instrumentarán los pagos en el corto plazo.
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La propuesta ya había sido hecha por numerosas cámaras empresariales y fue rechazada por el Ejecutivo Federal.
“Quisiera cerrar con el oportuno llamado que hizo la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de no criminalizar la subcontratación y, especialmente, de proteger a los trabajadores durante la crisis del Covid-19 por medio de medidas flexibles que incentiven el empleo”, concluyó Pérez García.
