Rosi Orozco aclara la legalidad en el uso de inmuebles usados contra la trata

Como parte de la estrategia del gobierno federal para dar a conocer en mayo pasado la creación del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, se revelaron los esfuerzos para recuperar inmuebles relacionados con políticos y legisladores, y así obtener recursos que serían usados en los programas sociales. Inicialmente, reportes periodísticos apuntaban que dichas propiedades habían sido incautadas a personajes públicos, como Rosi Orozco, exdiputada federal ciudadana y activista contra la trata de personas. En su caso, Orozco, fundadora y presidenta de Comisión Unid@s vs Trata, aclaró que las propiedades que ya había acordado regresar al SAE, y que se encontraban ubicadas en zonas de alta plusvalía en Ciudad de México, eran utilizadas para tareas en contra del tráfico de personas. La exlegisladora aclaró que un departamento era usado para proteger a jóvenes venezolanas víctimas de trata y que lo desocupó hace tiempo por cuestiones de seguridad, ya que recibió amenazas por su actividad y se optó por mudar esas tareas a un inmueble con más controles de seguridad. A través de una carta enviada a Forbes México, la asociación civil Comisión Unid@s vs Trata  señala que en el país es legal el uso de propiedades incautadas a delincuentes organizados por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), mediante contratos y compromisos de contraprestación, es decir, pagando de propio bolsillo el mantenimiento, seguro y predial del inmueble. “Desde sus orígenes (esta AC) se ha financiado con recursos privados, sin depender del erario público ni de adjudicaciones directas o indirectas realizadas por instancia gubernamental alguna, manteniendo altos estándares de transparencia constatados a través de auditorías”. En el texto también se destaca que incluso el propio director del SAE, Ricardo Rodríguez, mencionó que Rosi Orozco no hizo nada ilegal y que el contrato a nombre de su esposo para la renta de otro inmueble bajo esta modalidad también es totalmente legal. Sin embargo, asegura que pese a las aclaraciones “nos encontramos frente a un daño moral ocasionado por las declaraciones que desprestigian nuestra labor y de la activista Rosi Orozco”. A continuación puedes leer la carta íntegra enviada a Forbes México: