Empresas de todos los tamaños en la Ciudad de México refirieron una disminución en los actos de corrupción en los trámites gubernamentales durante 2019, en comparación con la medición de cuatro años anteriores, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI).
Aunque la Encuesta de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas (Encrige) refiere que 88% de las unidades económicas en la CDMX consideraron que los actos de corrupción son frecuentes, esto representa una disminución respecto a los resultados de 2016.
En ese rubro, las microempresas indicaron una reducción del 4%, en tanto las pequeñas, medianas y grandes aseguraron que la disminución fue del 5%.
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Sobre las principales causas para cometer este tipo de actos, el 74% de las entidades económicas señalaron que la principal razón es para agilizar trámites, mientras el 38% para evitar multas, el 28% para obtener licencias y permisos, mientras el 27% pare evitar clausuras; sin embargo, dichas cifras son menores a las obtenidas en 2016.
En ese sentido, la tasa de víctimas de corrupción también tuvo una reducción, puesto que durante 2020 el número fue de 653 entidades económicas por cada 10,000 empresa; en tanto dicha cifra fue de 908 compañías hace cuatro años.
Ante ello, el titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), José Antonio Peña Merino, detalló que la medición de la percepción de corrupción es complicada, puesto que episodios relativamente pequeños o mediáticos puede cambiar la opinión de la gente.
Respecto cifras que apuntan una disminución en la corrupción, refirió que es un hecho gratificante pero no para celebrar, sino un incentivo para continuar con los trabajos para combatir ese problema.
“Es un recordatorio de lo mucho que nos hace falta avanzar pero nos entusiasma, es el primer indicador de un patrón que se tendrá que ver refleja en mediciones similares en años posteriores”.
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En conferencia de prensa virtual, reiteró que esta medición corresponde a la percepción de corrupción entre empresas y trámites gubernamentales, la cual es diferente a la que se presentó en mayo donde se contempla a la población de manera individual.
“No estamos aplaudiendo, no estamos satisfechos, nos parece motivante en que es el inicio de un proceso de caída importante, pero queremos ver en años posteriores si se repite el ejercicio ver una continuación en caídas (de corrupción)”.
Peña Merino señaló que para combatir la corrupción se ha fortalecido las medidas punitivas contra los servidores públicos que cometan estos actos, además de la simplificación administrativa y mejora regulatoria que ha realizado la ADIP, por medio de la digitalización de trámites.
Sin embargo, reiteró que el reto persiste en la interacción física entre el individuo y el servidor público, por lo que se deben generar los mecanismos de defensa para evitar un abuso de autoridad.
“Las condiciones de vulnerabilidad y marginalidad son condiciones de mayor vulnerabilidad para defenderse ante abuso de autoridad, el reto del gobierno de la Ciudad de México y de la ADIP es utilizar los mecanismos que hemos implantado para que estas personas sean quienes puedan defenderse mejor”.
Además, recordó que al inicio de la actual administración dieron a conocer el costo que le causa la corrupción al gobierno capitalino, el cual asciende a cinco millones de pesos.
