Por Marcelo Delajara

La educación es, quizá, la mejor inversión en la que puedan pensar las familias y la sociedad en su conjunto. La rentabilidad de esta inversión no es sólo elevada, sino que ha aumentado en las últimas décadas debido al incremento en la demanda de empleo calificado derivado del acelerado cambio tecnológico.

Los retornos a la educación son mayores entre las familias pobres que entre las ricas, pero sólo en estas últimas los montos invertidos son considerables. De hecho, al no tener restricciones de liquidez, las familias más ricas invierten en la educación de sus hijos la cantidad óptima; es decir, invierten lo suficiente para aprovechar el excedente de beneficios que la educación genera por encima de otras inversiones.

Las familias más pobres, al enfrentar restricciones de ingreso y riqueza muy agudas, típicamente invierten en la educación de sus hijos una magnitud mucho menor a la óptima. Ello tiene consecuencias negativas, tanto en la familia como en la sociedad, porque limita de manera muy severa las oportunidades de movilidad social de los hijos.

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Una educación insuficiente es una de las principales razones por las que un 48% de los niños nacidos en hogares pobres en México permanece en la pobreza durante su edad adulta (véase el Informe Movilidad Social en México 2013 del Centro de Estudios Espinosa Yglesias). A nivel social, la reproducción de la pobreza entre las generaciones y la persistencia de la desigualdad en educación genera ineficiencias en el funcionamiento de la economía y, por lo tanto, afecta el crecimiento económico.

La intervención del Estado es crucial para resolver esas ineficiencias. En las economías más avanzadas la inversión que realizan los gobiernos en educación es cuantiosa. En México ya prácticamente se ha logrado cobertura completa en el nivel de educación primaria (97%), pero persiste cierto rezago en la cobertura en los niveles de educación secundaria (84%) y media superior (67%). Este rezago es significativo si consideramos que es en estos niveles donde los jóvenes tienen su principal formación antes de entrar al mercado laboral y donde las oportunidades de movilidad social deberían fortalecerse.

Pero es en la calidad de la educación donde los desafíos son mayores. Si pensamos en el sistema educativo como una organización que provee servicios con resultados medibles, y en los maestros como los responsables de la actividad en el sector, entonces la productividad de la actividad docente se mide por el éxito en el aprendizaje de los alumnos. Sabemos que los estudiantes mexicanos han salido muy mal en las pruebas internacionales de conocimiento PISA. De acuerdo con cifras oficiales, el 55% de los alumnos mexicanos no alcanza el nivel básico de habilidades matemáticas, mientras que el 41% no alcanza el de comprensión de lectura.

La reforma educativa realizada recientemente tiene como primer objetivo mejorar el contexto en el que se desarrolla la enseñanza y el aprendizaje; en particular, busca profesionalizar a los docentes, mejorar las instalaciones escolares, incorporar nuevas tecnologías al proceso educativo y realizar evaluaciones periódicas. También busca resolver otros problemas, como la inequidad en el acceso y la participación de los padres en el proceso educativo de sus hijos.

El objetivo de profesionalizar a los maestros es uno de los más importantes. En esta actividad, como en el caso del sector petrolero, los “derechos monopólicos de los insiders” llevaron a abusos que dañaron gravemente el proceso educativo. Si bien ello ya fue suficientemente documentado, basta recordar las plazas hereditarias, el ausentismo, el exceso de suplencias, las fallas en la formación y capacitación de los docentes, y los sueldos y salarios arbitrarios.

Un indicador que puede ser utilizado para medir la importancia de esos “derechos monopólicos” lo da la densidad sindical en el sector educativo (proporción de los trabajadores del sector que está sindicalizado). Si bien la densidad sindical es una medida imperfecta debido a que no es posible generalizar sindicalización con dichos derechos, en el caso de los maestros el sindicato ha sido el promotor de los privilegios y abusos antes mencionados.

Los resultados por entidad federativa de las pruebas PISA en matemáticas, lectura y ciencias muestran una relación negativa con la densidad sindical en el sector educativo (ver la gráfica), de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación y de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de 2003 y 2005, respectivamente. Es decir, reflejan muy claramente la situación de la educación en el periodo anterior a la reforma. Sólo dos estados presentaron resultados mejores a los esperados para el grado de densidad sindical de sus maestros (son los que se muestran fuera de la elipse en la gráfica). No obstante, también en estos dos estados las pruebas salieron peor allí donde la sindicalización es mayor.

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEE e INEGI.

Fuente: Elaboración propia, con datos del INEE e INEGI.

Esta gráfica muestra la asociación entre los dos fenómenos; es verdad que no podemos hablar de una causalidad que va de la densidad sindical al mal desempeño de los estudiantes. Este mal desempeño puede estar asociado a los otros factores que la reforma educativa busca mejorar, y a las condiciones de subdesarrollo en que vive la población de los estados con peor desempeño. Y pertenecer a un sindicato sin duda es un derecho inalienable de los trabajadores.

Pero no olvidemos que antes de la reforma educativa una manera de progresar dentro de la carrera docente era perteneciendo al sindicato. En otras palabras, lo que obtenía un maestro dependía de apoyar sin chistar cualquier decisión de los líderes sindicales.

La reforma educativa libera a los maestros de ese sometimiento y los incentiva para que desarrollen el enorme potencial que tienen para mejorar las perspectivas de vida de los niños. El acuerdo ahora es que progresarás si te capacitas, si te actualizas en tus métodos pedagógicos, si te esfuerzas y tus estudiantes aprenden, y de esta manera contribuyes a que México sea un país más igualitario y con mayor prosperidad.

Todo ello, en un marco contractual similar al del resto de los trabajadores en otros sectores y, esperemos, de la mano con un liderazgo sindical democrático.


Marcelo Delajara (@MarceloDelajara) es director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones de Marcelo Delajara son a título personal y no representan necesariamente la postura del CEEY.

 

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