El presidente Andrés Manuel López Obrador envió dos iniciativas a la Cámara de Diputados para prevenir el uso de químicos en drogas sintéticas y combatir la tala ilegal.

La primera iniciativa plantea reformar la Ley federal para el control de precursores químicos, productos químicos esenciales y máquinas para elaborar cápsulas, tabletas y/o comprimidos.

El objetivo es fortalecer las acciones de fiscalización y medidas de vigilancia, control y verificación de recursos químicos y productos químicos esenciales, de forma que se asegure su correcta disponibilidad para uso médico y científico.

Con lo anterior, se busca prevenir el desvío o uso de precursores químicos para la producción ilícita de drogas sintéticas, así como castigar estas acciones.

La iniciativa señala que las drogas ocasionan diversos daños a la salud, pero las drogas sintéticas incrementan, aseguran, de manera exponencial sus efetos negativos, lo que provoca rápidamente la muerte. Asegura que la vida promedio de vida de un consumidor, a partir de su primera ingesta, oscila entre 17 y 18 años.

Según datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a partir de 2009 se han multiplicado los laboratorios para la elaboración de drogas sintéticas, principalmente metanfetamina. Esto coincide con el descenso en el cultivo de mariguana a partir de 2012 como consecuencia de la legalización de su consumo en los Estados Unidos.

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En tanto, la propuesta contra la tala clandestina modifica tres artículos del Código Penal Federal para incrementar las penas para quienes cometan este delito.

Con un cambio en el artículo 418 se establecerían penas de 6 meses a 9 años de prisión y multas de 100 a 3 mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, cuando -sin contar con la autorización previa- se destruya la vegetación forestal, se corte, arranque, derribe o tale algún árbol o se cambie el uso del suelo forestal.

La pena aumentará hasta 4 años más, es decir, hasta de 13 años y una multa de 5 mil veces el valor de la UMA cuando las conductas se realicen en un área natural protegida.

En el caso de que se realicen empleando armas de fuego o cualquier otro medio violento en contra de las personas o para obtener un lucro o beneficio económico, se impondrá una pena de 3 a 12 años de prisión y una multa de 500 a 5 mil veces el valor de la UMA.

También suben las penas hasta por 12 años de prisión a quien, sin que exista un permiso, transporte, comercie, almacene o transforme la madera en rollos, astillas, carbón vegetal, así como cualquier otro recurso forestal maderable.

La propuesta explica que el comercio ilegal de recursos naturales a nivel global es tan grande como el crimen organizado trasnacional, pues considera a la tala ilegal podría representar hasta entre 30 mil millones y 100 mil millones de dólares al año y ocupar entre 10% y 30% del comercio total de la madera en el mundo.

“Este dinero, controlado sobre todo por la delincuencia organizada, no paga impuestos y se ha utilizado para sobornar a funcionarios gubernamentales corruptos de todos los niveles”, menciona la propuesta, pues señala que los grupos del narcotráfico se han diversificados en sus fuentes de ingreso y una de ellas es la venta de madera.

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