Carlos Slim, María Asunción Aramburuzabala, German Larrea, Joaquín Vargas Gómez, Alfredo Harp Helú y Emilio Azcárraga Jean, fueron algunos de los empresarios que ocuparon los asientos de las primeras filas en la ceremonia de presentación del Primer Informe de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

La presencia de algunos de los hombres y mujeres más acaudalados de México no detuvieron al mandatario a referirse que es el Estado el que tiene la responsabilidad de promover y encausar el desarrollo económico nacional, así como de criticar el “periodo neoliberal” aplicado en los últimos 36 años en el que predomino la corrupción pública y privada.  

“Existe aún la idea falaz de que el Estado no debe promover el desarrollo, ni buscar la redistribución del ingreso, sino limitarse a crear las condiciones que permitan a los inversionistas hacer negocios y asumir que los beneficios se derramarían automáticamente al resto de la sociedad. Esta suposición se reveló cruelmente falsa durante el periodo neoliberal”, apuntó López Obrador durante su discurso. 

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Según López Obrador, con el nuevo gobierno federal ya es un hecho la separación del poder político del poder económico, pero ¿a qué se refería el presidente de la República con esta aseveración? 

El documento que entregó Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, ayer por la tarde a la Cámara de Diputados presenta una explicación más amplia de esta idea. 

“El Gobierno de México impulsa acciones para que las instituciones gubernamentales no sean usadas para que las instituciones gubernamentales no sean usadas para el servicio de los intereses corporativos (empresariales ni mediáticos) ni para consolidar fortunas”, señala el Primer Informe de Gobierno. 

De acuerdo con la nueva administración federal existe una estricta vigilancia a los conflictos de interés, se llevan a cabo reformas legales y se vigilan procesos electorales. 

Advierte que el “pésimo” diseño institucional para la rendición de cuentas ha permitido que los funcionarios públicos puedan faltar a normas como la establecida en el Código Penal Federal o la Ley General de Responsabilidad Administrativas que advierten que los funcionarios públicos tienen prohibido participar en decisiones gubernamentales donde tengan un interés. 

En ese sentido, el documento afirma que se han promovido cambios jurídicos para sancionar los conflictos de interés, se promueve un mayor cumplimiento en las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos y promueven condiciones de mejor contratación pública. 

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