La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se está preparando para establecer la obligatoriedad de la educación superior, pero las instituciones de educación superior del país se encuentran en una situación de rezago financiero.
Esta semana, las comisiones Unidas de Educación y de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados avalaron en lo general y lo particular el dictamen de reformas en materia educativa.
La iniciativa contempla que la “obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federal y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale”.
El dictamen aprobado en comisiones también señala que se proporcionarán oportunidades de acceso a este tipo educativo para las personas que cumplan con los requisitos dispuestos por las instituciones públicas.
Sin embargo, las instituciones que atienden a los alumnos de este nivel educativo presentan una cobertura deficiente, absorbe una baja proporción de recursos federales y aún existen cuotas que deben cubrir las familias, advierte el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) en su estudio “Hacia la Gratuidad de la Educación Superior. Primeros pasos e implicaciones presupuestales”.
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Las instituciones de educación superior atienden a 2.95 millones de alumnos, actualmente la cobertura de la educación superior no es obligatoria, absorbe 17% del gasto federal y tiene una cobertura de 36% de la población en edad típica para ingresar a este nivel educativo.
En tanto la educación media superior también presenta una cobertura deficiente del orden de 57% y absorbe y una proporción de 13.7% de los recursos federales.
Para aumentar la cobertura de población y a través de un sistema gratuito en todas las instituciones de educación superior sería necesario aumentar 10,500 millones de pesos al gasto anual que ya se realiza en estas instituciones, apunta el estudio.
Este rezago financiero se ha acumulado por más de 17 años, toda vez que del 2000 al 2017 el número de alumnos que atienden se elevó en 116% mientras que el gasto federal sólo ocurrió en 71%.
El estudio también resalta que 75% del presupuesto total destinado a las instituciones de educación superior está concentrado en la UNAM, el IPN, el Centro de Investigación de Estudios Avanzados (Cinvestav) y la Universidad Autónoma de México (UAM).
Tomando en cuenta estas características existen pocas condiciones para absorber la creciente demanda de alumnos en estas instituciones.
“Muchas instituciones de educación superior para poder operar necesitan recursos que obtienen de sus estudiantes, en algunos casos representa cuotas o colegiaturas en otros el cobro de una serie de trámites como puede ser inscripción, titulación, revalidación de estudios”, apuntó Rodolfo de la Torre, director de programa de desarrollo Social con Equidad del CEEY.
