¿Por qué Lozoya, Robles y Collado consiguieron amparos?
¿Cuál es el denominador común de la ola de amparos interpuestos por políticos y empresarios en días recientes? Su dominio, y poder adquisitivo de un poder que funciona mejor al mayor postor.
La detención de Alonso Ancira, presidente de la empresa acerera Altos Hornos de México, el 28 de mayo, fue el punto de arranque para una serie de investigaciones a ex funcionarios y figuras públicas de alto perfil en México acusados de delitos como fraude, ejercicio indebido del servicio público, delincuencia organizada y el uso de recursos de procedencia ilícita.
Dichos procesos de investigación a personajes que durante la administración pasada contaban con una amplia red de poder e influencia en el país, han tenido un elemento en común: les han otorgado amparos.
Por lo anterior es común que se relacionen los amparos con la impunidad, sin embargo, se trata de una figura que protege los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos de actos u omisiones de las autoridades. Sin embargo, suelen tratarse de juicios complejos que son integrados por abogados especialistas que suelen tener honorarios muy altos, relata María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno de Transformación Pública del Tec de Monterrey.
“El amparo es un documento caro por la tecnicidad que implica, cualquier persona tiene derecho a tenerlo, pero si tienes poco dinero te vas a ir con un abogado que cobre poco y probablemente no sea tan bueno como el que lleva años especializado en la materia y que saben casos y precedentes y todo lo utilizan, saben fundar y motivar, es decir, encontrar un artículo y decir porque es aplicable a ese caso específicamente y eso lo hace un muy buen abogado”, explica Estrada.
De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Amparo, los juicios entablados bajo esta figura tienen por objetivo resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en la constitución o tratador internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.
Además de Ancira, a quien la titular del juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó una suspensión provisional contra la orden de captura por operaciones con uso de recursos públicos de procedencia ilícita; Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); Juan Collado Mocelo, abogado acusado por delincuencia organizada; y Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, han presentado juicios de amparo.
Un amparo se promueve ya sea en contra de una sentencia que podría violar los derechos humanos del acusado o contra cualquier acto de autoridad distinto a una sentencia.
“Del amparo se desprenden los incidentes que protegen una serie de derechos y de esos derechos. Por ejemplo, con un incidente de suspensión voy a evitar que me aprendan y aunque se haya ganado ese incidente, no quiere decir que ganaste el amparo para que no te enjuicien”, explica la especialista.
Además, hay que tomar en cuenta que algunos de los delitos por los que se les acusa a estos personajes, no requieren prisión preventiva.