La detención de Alonso Ancira, presidente de la empresa acerera Altos Hornos de México, el 28 de mayo, fue el punto de arranque para una serie de investigaciones a ex funcionarios y figuras públicas de alto perfil en México acusados de delitos como fraude, ejercicio indebido del servicio público, delincuencia organizada y el uso de recursos de procedencia ilícita.

Dichos procesos de investigación a personajes que durante la administración pasada contaban con una amplia red de poder e influencia en el país, han tenido un elemento en común: les han otorgado amparos.

Por lo anterior es común que se relacionen los amparos con la impunidad, sin embargo, se trata de una figura que protege los derechos humanos de todos los ciudadanos mexicanos de actos u omisiones de las autoridades. Sin embargo, suelen tratarse de juicios complejos que son integrados por abogados especialistas que suelen tener honorarios muy altos, relata María de los Ángeles Estrada, directora ejecutiva de la Iniciativa de Transparencia y Anticorrupción de la Escuela de Gobierno de Transformación Pública del Tec de Monterrey.

“El amparo es un documento caro por la tecnicidad que implica, cualquier persona tiene derecho a tenerlo, pero si tienes poco dinero te vas a ir con un abogado que cobre poco y probablemente no sea tan bueno como el que lleva años especializado en la materia y que saben casos y precedentes y todo lo utilizan, saben fundar y motivar, es decir, encontrar un artículo y decir porque es aplicable a ese caso específicamente y eso lo hace un muy buen abogado”, explica Estrada.

De acuerdo con el artículo 1 de la Ley de Amparo, los juicios entablados bajo esta figura tienen por objetivo resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas en la constitución o tratador internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

Además de Ancira, a quien la titular del juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó una suspensión provisional contra la orden de captura por  operaciones con uso de recursos públicos de procedencia ilícita; Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex); Juan Collado Mocelo, abogado acusado por delincuencia organizada; y Rosario Robles, ex titular de la Secretaría de Desarrollo Social, han presentado juicios de amparo.

Un amparo se promueve ya sea en contra de una sentencia que podría violar los derechos humanos del acusado o contra cualquier acto de autoridad distinto a una sentencia.

“Del amparo se desprenden los incidentes que protegen una serie de derechos y de esos derechos. Por ejemplo, con un incidente de suspensión voy a evitar que me aprendan y aunque se haya ganado ese incidente, no quiere decir que ganaste el amparo para que no te enjuicien”, explica la especialista.

Además, hay que tomar en cuenta que algunos de los delitos por los que se les acusa a estos personajes, no requieren prisión preventiva.

Alonso Ancira, presidente del Consejo de Administración de Altos Hornos de México

La Fiscalía General de la República lo acusa de operaciones con recursos de procedencia ilícita, el cual no amerita prisión preventiva oficiosa, por lo que puede gozar de su proceso en libertad.

Rosa María Cervantes Mejía, titular del juzgado 12 de Distrito de Amparo en Materia Penal, otorgó suspensión provisional a la orden de aprehensión y la emisión de la ficha roja por la Interpol, además fijó una garantía de 6,000 pesos.

Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México

Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex)

La Fiscalía General de la República lo acusa de recibir recursos de procedencia ilícita, asociación delictiva y cohecho para adquirir en 38 millones de pesos su casa de Lomas de Bezares y de recibir recursos de Odebrecht y Altos Hornos.

Erick Zabalgoitia, juzgado 14 de Distrito de Amparo en materia Penal, concedió una suspensión provisional contra orden de aprehensión girada en su contra y fijo el pago de una garantía de 18,000 pesos. Asimismo, Luz María Ortega Tlapa, juzgado 8 de Distrito en Amparo Penal de la Ciudad de México, le otorgó una suspensión provisional contra una orden de aprehensión girada el 25 de mayo por lavado de dinero. Sin embargo, Lozoya desistió recientemente de los amparos promovidos como parte de su estrategia legal de defensa.

Foto: Fernando Luna Arce / Forbes México

Juan Collado Mocelo, abogado

Acusado por delitos de delincuencia organizada y operación con recursos de procedencia ilícita, se encuentra en prisión preventiva.

Solicitó un amparo para evitar el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, al juzgado séptimo de Distrito de Amparo en materia Penal del Primer Circuito, el cual le fue negado. Asimismo, solicitó la suspensión definitiva del aseguramiento del edificio sede de la empresa Libertad Servicios Financieros, con el juzgado cuarto de Distrito de Ampra en Materia Penal en la Ciudad de México, que también fue negado.

El abogado Juan Collado. (Foto: Notimex)

Rosario Robles, extitular de la secretaría de Desarrollo Social

La Fiscalía General de la República la investiga por ejercicio indebido del servicio público implicada en el caso de investigación periodística La Estafa Maestra.

Presentó una demanda de amparo ante el juez 10 de distrito de Amparo en materia penal en la Ciudad de México contra cualquier orden de aprehensión o comparecencia mismo que concedió una suspensión provisional.

Foto: Oswaldo Ramírez para Forbes México

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