El sector informal capta a más de la mitad de los trabajadores del país, bajo condiciones de baja remuneración a los empleados, sin derechos laborales y sin integrarlos a la seguridad social.
Uno de los objetivos del gobierno de Andrés Manuel López Obrador es incentivar la formalidad como una de las líneas de acción para mejorar las condiciones de los trabajadores mexicanos, de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 que presentó el pasado 30 de abril.
La inclusión del fenómeno de la informalidad en el país en este documento resulta ser un elemento innovador, toda vez que en ningún otro PND se había incluido, resalta José Luis de la Cruz Gallegos, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (IDIC).
Cabe mencionar que, de acuerdo a organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (
OCDE), la informalidad controla hasta 60% de la economía mexicana, por lo que urge al gobierno tomar cartas en el asunto, tanto a nivel fiscal como de promoción de la productividad.
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El Plan Nacional de Desarrollo presentado al inicio del gobierno de Enrique Peña Nieto, establece que para promover el empleo de calidad se enfocaría en procurar el equilibrio entre los factores de la producción para preservar la paz laboral, promover el trabajo digno o decente, promover el incremento de la productividad y perfeccionar los sistemas y procedimientos de los derechos del trabajador.
En contraste, el documento que se presentó hace unos días y que enuncia los problemas nacionales y enumera las soluciones en una proyección nacional, advierte que la tasa de informalidad laboral no agropecuaria en el país ascendió a 58% de los trabajadores en 2018.
Este sector concentra a los trabajadores que menos ganan en el país, toda vez que del total de personas que ganan un salario mínimo o menos, 90% están en un empleo informal, destaca el documento.
Este fenómeno afecta también a la productividad del país, toda vez que existen cálculos que una empresa informal es 84% menos productiva que una formal, además su capacidad de crecimiento es poca debido a que carece de características necesarias para solicitar financiamiento.
De acuerdo con el documento, los altos niveles de informalidad son consecuencia de los elevados costos de los trámites para abrir un negocio, los cuales desincentivan el cumplimiento de las normas y propician la corrupción.
En ese sentido, el gobierno de AMLO plantea que se enfocará en propiciar condiciones dignas de trabajo y fomentar la creación de prosperidad de las empresas formales y para lograrlo propone tres acciones específicas:
- La simplificación de regulaciones, trámites y servicios complejos que tienen altos costos de cumplimiento y que son propensos a la corrupción.
- Diseñar regímenes fiscales que incentiven la formalidad de las y los pequeños contribuyentes.
- Reducir la carga administrativa asociada al pago de impuestos, aprovechando las nuevas tecnologías, adaptando el marco jurídico y procurando evitar la duplicidad de requerimientos de información.
Además, para apoyar el desarrollo empresarial e incrementar la competitividad, propone impulsar el uso de tecnologías de la información para facilitar la interacción de particulares con el gobierno y reducir los costos de transacción de las empresas.
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