Para atender la exigencia de cientos de mexicanas que han alzado su voz para exigir un cese a la violencia en contra la mujer, se requieren acciones y un compromiso no sólo del ejecutivo federal, sino de todos los órganos y niveles de gobierno, puesto que se necesitan una serie de estrategias integrales que incluye a todas las autoridades, explicó un abogado experto en la materia.

Hablar de una sola estrategia gubernamental sería un poco falaz, así como atribuirle toda la responsabilidad al gobierno federal para la resolución de la violencia de género; por lo tanto se debe involucrar a los poderes ejecutivos, legislativos y judicial a nivel federal, estatal y municipal para que contribuya en el tema, explicó Rodolfo Domínguez, asesor jurídico del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF).

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En material judicial hay un fuerte problema de impunidad, en cómo los jueces están resolviendo los problemas de violencia, específicamente los feminicidios; el resultado de ello ha sido la emisión de un mensaje permisivo al no sancionar estos actos de violencia: “puedes violentar o desaparecer mujeres y no pasa nada”, refirió en entrevista para Forbes México.

A nivel legislativo, abundó el jurista, los marcos de actuación no son claro, además que no permiten una implementación adecuada de los mismos. Por ejemplo, no hay una homologación nacional en el tema de la interrupción del embarazo en cuestiones de violencia, ya que hay algunos estados donde sus leyes transgreden y discriminan a las víctimas en lugar de ayudarlas.

“En Guerrero y Veracruz, donde tiene una declaratoria de alerta de género con agravio comparado, una modalidad que implica el reconociendo de leyes que son discriminatorias y transgreden los derechos de las mujeres como el tema de aborto”, refirió.

Los poderes ejecutivos tienen diversas responsabilidades, como estructurar políticas públicas más claras y coordinadas. El presidente Andrés Manuel López Obrador tendría que organizar a las instancias estatales y municipales para atender la violencia, sobre todo con perspectiva de género, sostuvo el abogado.

La violencia que aqueja a las mujeres tiene patrones diferentes, la cual se debe tratar e investigar de manera diferente que la que sufre el resto de la población. Por ejemplo, en el caso de la desaparición de una fémina las indagaciones no deben terminar en el momento en que es encontrada; hay una red criminal detrás de esa sustracción que debe ser perseguida.

Las procuradurías y fiscalías locales también tienen un gran papel, desde el gran número de impunidad que hay en las carpetas de investigación hasta la falta capacitación que tienen los funcionarios públicos para atender casos de violencia de género, abundó el representante legal del OCNF.

Durante 2018, la cifra negra de delitos fue del 93.2%, es decir aquellos donde no hubo denuncia, averiguación previa o inicio de carpeta de investigación, de acuerdo con estimaciones de Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del Institio Nacional de Geografía y Estadística.

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Del total de indagaciones que realizó en dicho año el Ministerio Público, en el 51% de los casos “no pasó nada” o no se continuó la investigación, según reveló el estudio del organismo de estadística.

Luego de que el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, propuso la modificación del delito de feminicidio del tipo penal para acelerar los procesos de denuncias de en este tipo de casos, Rodolfo Domínguez refutó que el problema no radica en la clasificación del delito, sino en la falta de capacidad de los servidores públicos para atender este tipo de casos, lo cual resulta en falta de justicia para las víctimas.

El gobierno federal tiene una responsabilidad importante y un área de oportunidad enorme en la articulación adecuada de las alertas de género en el país, pero también es obligación de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) coordinar dichas estrategias.

La activación de la alerta de género en algunos estado ha visibilizado la problemática que hay en algunos sectores, pero las medidas para mitigar la violencia de género no han se han aplicado de manera correcta, refirió.

“Esta instancia (Conavim) no está coordinando a los estados y municipios para hacerle frente a la problemática, no tiene metodologías claras para dar seguimiento a las declaratorias por alerta de género, no tiene mecanismo para el desarrollo de indicadores de procesos y resultados para evaluar los resultados de los avances”, delineó.

 

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