Por Santiago F. Arroyo Seguedo*
En días pasados trascendieron las propuestas de las dos opciones con mayores posibilidades que existen en el marco de las elecciones presidenciales mexicanas para este 2024, ambas, son sumamente coincidentes en el rubro de energía (que analizaremos en una entrega más adelante), destacando la redacción de las ideas como diferencia sustantiva, sin embargo, existe un elemento coincidente: La ausencia de propuestas en el mercado gasolinero mexicano.
Es importante señalar que, entre las evidentes similitudes de las propuestas energéticas de ambas opciones políticas, se encuentra el desarrollo de la electromovilidad y el fortalecimiento (o soberanía, según a quién se lea) de Pemex, que es la empresa preponderante en el sector de combustibles en México; ambas posturas inciden de manera directa e importante en el mercado gasolinero mexicano. No siendo omiso en recalcar que, la propuesta energética, especialmente la relacionada con los combustibles, fue un factor de gran relevancia en el triunfo del presidente Andrés Manuel López Obrador en 2018.
También, resulta pertinente mencionar que la industria de los combustibles en México ha sido una de las que han sido sujetas a los mayores retos y áreas de oportunidad desde la entrada en vigor de la actual política energética, destacando el cierre total a las importaciones a empresas privadas y la consiguiente revocación de permisos, el endurecimiento de las acciones de supervisión y verificación por parte de los órganos reguladores como la CRE, ASEA y Profeco sobre las empresas privadas de combustibles y la flexibilización de la regulación en favor de Pemex (que tienen a México aún con un punto en contra en los paneles de solución de controversias del TMEC) y, el impasse regulatorio en las acciones de transmisión de permisos en la CRE, así como la proliferación del combustible de contrabando que aqueja al mercado y la hacienda pública, entre otros que, por la gran multiplicidad de ejemplos, no caben en estas líneas. Todo lo anterior, con importantes consecuencias negativas financieras en la industria y en los bolsillos de los consumidores, puesto que al no existir competencia no hay modulación de precios ni opciones de consumo de calidad.
Si a esto le sumamos la importancia de la industria de los combustibles en la dinámica económica del país, puesto que brinda el insumo más importante para la movilidad y según datos oficiales, genera aproximadamente 800,000 mdp anuales, más de 600 mil empleos directos y poco más de 1.8 millones de indirectos, además, cerca del 75% de las empresas gasolineras del país son pymes. Vaya, no son cifras menores ni para olvidarlas en una propuesta presidencial, a pesar de las agendas ideológicas de las propuestas presidenciales entorno a la electromovilidad que, si comparamos (en cifras oficiales y de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz), es un segmento en un incipiente desarrollo en México puesto que representa un 6% del parque vehicular nacional (tanto particulares como de carga y pasajeros) y poco más de 2 mil posiciones de carga eléctrica que en su mayoría están colocadas en estacionamientos y no en estaciones de servicio.
Si vemos la transición energética y de movilidad como una escalera que va de los carros tirados por caballos, hasta los vehículos eléctricos pasando por los vehículos híbridos y de otras tecnologías (hidrógeno, gas natural y gas LP); sumado al hecho de que México es un país consumidor neto de tecnología y que solamente poco menos del 40% de la población cuenta con un vehículo de motor y el resto debe usar transporte público, da como resultado dos supuestos: un brinco tecnológico que habrá de esperar a que mejoren las condiciones de consumo y percepciones económicas de los automovilistas o, un tránsito lento en esa escalera que, eventualmente, provocará un brinco pronunciado hacia la electromovilidad. Aunado a esto, tenemos los grandes retos operativos, financieros y de infraestructura eléctrica, para contar con un andamiaje que provea abasto eléctrico suficiente a una demanda vehicular que, sólo existe en papel. Se antoja así una cobertura de vehículos eléctricos que se aleja de las metas fijadas tradicionalmente para el 2030.
Estos contrastes, evidencian la enorme necesidad de contar con una propuesta firme y clara de cómo se desarrollará el mercado de los combustibles para los próximos seis años, alejada de idilios y pretensiones políticas; derivando en acciones más allá de lo radical y más cercano a lo poco ortodoxo, puesto que el andamiaje legal y regulatorio vigente (mismo que usó de forma timorata la administración pasada y la actual abusó de los espacios nebulosos), así como los organismos reguladores, resultan ya insuficientes para un mercado que aún no encuentra un declive y que, finalmente impacta en los bolsillos de todas las personas.
Reiterando que, las transiciones no son forzadas ni por decreto y que un país sin energía es un país sin futuro.
Contacto:
* Santiago F. Arroyo Seguedo es director de Desarrollo de Negocios para México y Latinoamérica en EGSA y, especialista en regulación y mercados energéticos.
X (antes Twitter): @SarroyoSi
Mail: [email protected]
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