El Congreso de Tamaulipas, que es controlado por el Grupo Parlamentario del PAN, dio marcha atrás al proceso del desafuero en contra del gobernador de la entidad Francisco Javier Cabeza de Vaca, porque vulnera sus garantías individuales, así como viola el debido proceso y la presunción de inocencia.
“No procede el proceso de homologación de la declaración de procedencia en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier Cabeza de Vaca”, dijo Karla María Mar Loredo, diputada local.
La legisladora del PAN manifestó que el desafuero aprobado por la Cámara de Diputados es un proceso inconstitucional, porque no se acreditaron las imputaciones en contra del gobernador de Tamaulipas.
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La diputa panista dijo que debe privilegiar la voluntad popular sobre un proceso faccioso, por lo que el gobernador de Tamaulipas debe seguir cumpliendo con su mandato hasta el período para el que fue elegido.
Morena, el Grupo Parlamentario que controla la Cámara de Diputados, le quitó el fuero a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien es acusado por el delito de defraudación fiscal equiparada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.
La Fiscalía General de la República (FGR) detectó que Francisco Javier García Cabeza amasó al amparo del poder una fortuna millonaria de propiedades en Texas y Tamaulipas, cuyo valor es de 951 millones de pesos.
“Francisco Javier García Cabeza de Vaca valiéndose de cargos públicos amasó una fortuna millonaria con una treintena de propiedades ocultas en Texas y el estado de Tamaulipas”, dijeron los agentes del ministerio público de la FGR a la Sección Instructora de la Cámara de Diputados encargada del desafuero del político panista.
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El gobernador de Tamaulipas ocultó los bienes a través de prestanombres de su círculo familiar, principalmente de su madre, esposa y hermanos, “cuyo valor aproximadamente asciende a más de 951 millones de pesos a valor actual”.
El político de PAN diseñó un esquema que fue operado desde el interior del gobierno de Tamaulipas y utilizó una empresa privada para operar recursos públicos para beneficiarse.
“Durante su actual mandato como Gobernador benefició con licitaciones y contratos a varias empresas”, agregó la FGR.
