La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reiteró que interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Seguridad Interior, la cual fue aprobada por el Congreso de la Unión y promulgada por el Ejecutivo federal hace una semana.

“(La CNDH) reitera que en el ámbito de sus atribuciones promoverá las acciones conducentes para prevenir que se violente el orden constitucional vigente y se vulneren los derechos humanos de las y los mexicanos, haciendo expresa su confianza en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ejercerá, en las acciones y controversias que sobre este tema se hagan de su conocimiento”, dijo a través de un comunicado.

Hace una semana el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la Ley de Seguridad Interior a pesar del llamado de diversas organizaciones civiles y organismos de derechos humanos para vetarla; no obstante, el mandatario dijo que no se hará uso de esta legislación hasta que la SCJN decida sobre su constitucionalidad.

“Soy consciente de que este ordenamiento, que habré de promulgar esta tarde, es especialmente sensible, para la vida pública del país. Por eso no emitiré declaratoria de protección de seguridad interior en los términos de esta ley, hasta que el máximo tribunal decida sobre su constitucionalidad”, mencionó durante una sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

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Sobre esto, la comisión dijo que respetaba esta determinación tomada por el Ejecutivo federal “pero lamenta, a la vez que se deje de lado la oportunidad de llevar a cabo un diálogo honesto, plural, incluyente e informado sobre dicho ordenamiento”.

En el documento, la CNDH menciona que la ley en vigor transgrede las garantías individuales debido a que diversos artículos son ambiguos, además de que no lleva implícito un beneficio inmediato para las personas ni para los elementos de las fuerzas armadas o policías.

“Por el contrario, abre una ventana para que, al amparo de la ambigüedad, la opacidad y la falta de una debida y oportuna rendición de cuentas, se legitime una mayor intervención estatal en la esfera de garantías y libertades de las personas, así como para alterar el orden federal y democrático previsto por nuestra Constitución”, añadió.

La legislación aprobada por el Congreso busca regular la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como establecer las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre los Poderes de la Unión, entidades federativas y municipios con las Fuerzas Armadas.

Sin embargo, la ley permite al Ejército, Marina y Fuerza Aérea acumular más poder en sus actividades y pone en riesgo los derechos de la población, de acuerdo con críticos de la norma.

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