Por Ana de Saracho*

Los días 24 y 25 de noviembre, se llevó a cabo la Segunda Consulta Ciudadana convocada por el presidente, entonces electo, Andrés Manuel López Obrador. Como la mayoría sabemos, dicha consulta incluyó diez temas de distintas índoles, entre los que se encontraba el de “proveer cobertura gratuita de internet en carreteras, plazas públicas, centros de salud y escuelas en todo el país”. Una vez que se dieron a conocer los resultados de la consulta, se informó que el 91.62% de los participantes (aproximadamente 920,000) dieron el sí a dicha propuesta.

El 1 de diciembre pasado, Andrés Manuel López Obrador tomó posesión como presidente de México, iniciando así su periodo de funciones y el tiempo para hacer realidad sus promesas de campaña y, sobre todo, las propuestas incluidas en las Consultas Ciudadanas realizadas.

En realidad, no me extraña que la respuesta de los participantes haya sido tan positiva ante dicha propuesta. Quién no quisiera internet y, sobre todo, gratuito. Sin embargo, valdría la pena hacerse algunas preguntas adicionales: cómo lo lograrán, con qué recursos, quién estará a cargo del proyecto. Fue así como me di a la tarea de investigar si existe algún documento elaborado por la nueva administración en el que se incluyera un análisis puntual de las acciones a realizar y los recursos a utilizar para hacer realidad esta propuesta ya que, en última instancia, solo las acciones puntuales y la asignación de recursos podrían determinar su viabilidad.

Lo que encontré fueron una serie de manifestaciones realizadas por el presidente y algunos miembros de su equipo sobre que sólo 30% del territorio cuenta con cobertura de Internet y que, en su percepción, la iniciativa privada ha preferido privilegiar sus intereses económicos que el bien de la sociedad, aun a pesar de que no existen impedimentos técnicos ni altos costos para lograrlo. Manifestaciones que pueden ser interpretadas de forma errónea en tanto no se analice el contexto completo.

Por lo anterior, he decidido dedicar el resto de estas líneas a aportar información que pueda resultar de provecho tanto para lectores como para los propios funcionarios del gobierno en la construcción de los cómos de dicha propuesta, que se echan tanto de menos.

Según cifras del BIT del Instituto Federal de Telecomunicaciones, los operadores de servicios móviles han realizado inversiones superiores a los 126 mil millones de pesos en el despliegue de sus redes, con lo que han logrado alcanzar en promedio, una cobertura de más del 90% de la población del país. Entiéndase que, solo se instala infraestructura de telecomunicaciones en zonas del país en las que existe población que pueda hacer uso de ella. No olvidemos que la población no se encuentra homogéneamente distribuida, además de que contamos con un territorio con una orografía complicada.

De hecho, el compromiso de cobertura que se impuso a la Red Compartida (proyecto establecido a nivel constitucional para prestar servicios de banda ancha móvil a nivel nacional) fue del 93% de la población del país, con la posibilidad de que la propia empresa eligiera los municipios y localidades que cubriría para lograrlo. Es así como, a principios de 2018, cumplió su primer hito de cobertura al iniciar la prestación de servicios en las tres grandes ciudades del país, resultando en un 32% de la población cubierta.

Conforme a lo anterior, la primera pregunta a realizarse sería, cómo proveer de infraestructura de telecomunicaciones el territorio en el que se encuentra el 7% restante de la población que, por cierto, se encuentra repartida en localidades menores a 2,500 habitantes a lo largo y ancho del país y que, para llegar se necesitarían realizar cuantiosas inversiones que, seguramente no podrían recuperarse, debido a los niveles de tráfico que se producirían en las mismas.

Los operadores móviles no han dejado de invertir, sin embargo cada vez tienen menores incentivos para hacerlo. Los ingresos obtenidos por servicios han disminuido más del 40%, mientras que los pagos anuales de derechos por el uso del espectro que realizan al gobierno federal siguen incrementándose, al grado que para el año siguiente se tiene previsto el pago de aproximadamente 22 mil millones de pesos, que no son etiquetados para contribuir a ninguna de las propuestas de cobertura y conectividad.

En este sentido, en los últimos meses, los operadores móviles han sostenido diversos acercamientos con el equipo de transición del presidente López Obrador, a fin de presentarles una propuesta encaminada hacia dichos objetivos. Esta consiste en que los operadores puedan presentar ante el gobierno una serie de proyectos de evolución y expansión de sus redes para realizar en el año fiscal siguiente, y que el tanto la inversión como los costos de operación de estas, se descuente o acredite de los pagos de derechos anuales realizados.

Algunas de las ventajas de dicha propuesta son: menor inversión, por tratarse de crecimientos de las redes existentes, menor costo de operación debido a la integración de dichos proyectos a un mismo sistema y continuidad de provisión de los servicios en dichas localidades. Esperemos que el gobierno entrante tome en cuenta dicha propuesta.

Ahora bien, debemos preguntarnos sí la población cubierta cuenta con “conectividad”. Es decir, si aun estando en zonas de cobertura de las redes móviles, cuentan con acceso a Internet y a todos sus beneficios. Y así es como llegamos a una cifra totalmente distinta, ya que solo el 63% de esta, cuenta con acceso a Internet. No es que las cifras de cobertura poblacional estén equivocadas, sino que existen otros factores, tanto de oferta como de demanda, por los que la cifra de “habitantes conectados” es menor a la de “habitantes cubiertos”.

Desde el punto de vista de la oferta, nos encontramos con que algunas de las localidades cubiertas por las redes de los operadores funcionan con tecnologías de segunda generación (2G) que, si bien permiten la transmisión de datos, esto solo sucede con velocidades inferiores a los 64 Kbps por lo que el único servicio de datos disponible en las mismas es el envío y recepción de mensajes SMS. En este sentido, se requieren realizar los proyectos de evolución referidos en los párrafos anteriores, para migrar estas redes a una tecnología superior (3G o mayor) que permita a los habitantes el acceso a servicios de Internet para beneficiarse de los distintos contenidos y servicios.

Ahora bien, desde el punto de vista de la demanda, también es necesario que la población cuente con equipos celulares con tecnología 3G o superiores, a fin de poder hacer uso de los servicios de Internet que pueden proveer las redes. De acuerdo con estudios realizados, actualmente existen aproximadamente 25 millones de equipos 2G conectados a las redes, por lo que aún cuando los operadores y el gobierno realicen todos los trabajos necesarios para lograr la evolución de las redes, en la medida en que estos habitantes no cuenten con recursos suficientes para obtener un equipo celular con dichas características, no podrán conectarse.

Así que antes de pensar en un Internet gratuito para todos, habría que pensar en satisfacer las necesidades de cobertura y conectividad para todos, ya que solo a partir de estos conceptos este país podrá aprovechar los múltiples beneficios que el uso de las tecnologías puede generar para toda la población.

*Directora de Regulación de Telefónica Movistar.

 

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

Siguientes artículos

Transformación digital, IA y ética corporativa
Por

Implementar la transformación digital con modelos éticos de uso de información personal y protocolos de seguridad avanza...