La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) inició una investigación por las posibles prácticas monopólicas en el mercado de intermediación de títulos de deuda emitidos por el gobierno mexicano.

“La Cofece anunció que tuvo conocimiento de hechos que constituyen indicios de la posible realización de prácticas monopólicas absolutas en dicho mercado”, indicó la Cofece en una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Los bancos, casas de bolsa y fondos de inversión son los participantes autorizados en las subastas primarias de valores del gobierno mexicano.

“De existir acuerdos que afecten la intermediación de valores gubernamentales, el daño al erario público y a los inversionistas podría ser grave considerando que cada año el gobierno coloca cientos de miles de millones de pesos en el mercado y que el volumen de valores gubernamentales comercializados puede llegar a ser de aproximadamente 100 mil millones de pesos diarios”, explicó Carlos Mena Labarthe, titular de la Autoridad Investigadora de la Cofece, según un comunicado del organismo.

El periodo de la investigación no será inferior a 30 días hábiles ni excederá de 120 días hábiles, contados a partir de hoy, y podrá ser ampliado hasta por cuatro ocasiones cuando existan causas debidamente justificadas para ello.

La banca en México es encabezada por BBVA Bancomer y Santander, el estadounidense Citigroup y el local Banorte.

 

¿Qué son las prácticas monopólicas?

Se consideran prácticas monopólicas absolutas aquellos contratos, convenios, arreglos o combinaciones de agentes económicos competidores entre sí, cuyo objeto o efecto sea la manipulación de precios, restricción o limitación de la oferta o la demanda, división o segmentación de mercados, concertación o coordinación de posturas en licitaciones, así como el intercambio de información con el objeto o efecto de realizar alguna de las conductas anteriores.

De comprobarse la existencia de una práctica monopólica absoluta, los agentes económicos podrían ser multados hasta con el 10% de sus ingresos. También podrían ser sancionados económicamente quienes hayan coadyuvado, propiciado o inducido la comisión de las prácticas. Las personas físicas que hubieren participado en la celebración, ejecución u orden de este tipo de acuerdos entre competidores, podrían recibir prisión de conformidad con el Código Penal Federal hasta por 10 años.

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