La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso multas que en conjunto suman alrededor de 1,100 millones de pesos (mdp) a cuatro Afores y 11 personas físicas por prácticas monopólicas en el mercado de los servicios de administración de fondos para el retiro de los trabajadores.

Las Afores sancionadas son Profuturo GNP Afore, Afore Sura, Afore XXI Banorte y Principal Afore, a las cuales se les comprobó, junto con las otras 11 personas, que hicieron acuerdos para reducir traspasos, lo que disminuyó la competencia que existía entre ellas.

Las personas físicas que actuaron en representación de las administradoras y a quienes se les acreditó responsabilidad en el caso son José Eduardo Silva Pylypciow, Carlos Eduardo Salas Westphal y Arturo García Rodríguez, por parte de Profuturo, y Enrique Ernesto Solórzano Palacio y Alejandro Múzquiz Díaz, de Sura.

Por Afore Bancomer, fue multado Francisco Javier González Almaraz; por Afore XXI, Ricardo Villalobos Muro y Francisco Tonatiuh Rodríguez Gómez, y por Principal, Alfonso Gabriel Cajiga Estrada, Ramón Elías Antonio Pando Leyva y Marcelino de la Garza Cárdenas.

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“En seis ocasiones entre noviembre de 2012 y junio de 2014, directores generales y directores de operaciones de las Afores sancionadas celebraron convenios para reducir el traspaso de cuentas entre ellas, estableciendo montos máximos de traspasos semanales que variaban dependiendo del acuerdo. Con esta acción disminuían la competencia”, explicó el órgano en un comunicado.

“Los convenios tenían la característica de ser bilaterales y se celebraron de la siguiente manera: Profuturo-Afore Bancomer, alrededor de noviembre de 2012 a enero de 2013; Profuturo-Afore XXI, entre octubre de 2013 a mayo de 2014; Afore XXI-Sura, entre enero y junio de 2014; Afore XXI-Principal, enero a junio 2014; Profuturo-Sura, marzo a junio de 2014, y Profuturo-Principal, febrero a junio de 2014”.

El objetivo de esta práctica indebida era reducir el gasto comercial, lo que repercutiría en mayores beneficios para las Afores, detalló la Cofece.

El cumplimiento de los acuerdos se monitoreaba a través de correos electrónicos en los que se establecieron mecanismos para ocultar la identidad de las Afores, como utilizar sobrenombres para las empresas, lo que en opinión del órgano, muestra que los sancionados conocían la ilegalidad y consecuencias de la acción.

La reducción pactada de los traspasos se acreditó con datos de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

La investigación del expediente IO-003-2015 inició el 10 de febrero de 2015 y derivó en un Dictamen de Probable Responsabilidad que emitió la Autoridad Investigadora de la Cofece el 18 de febrero de 2016 y el respectivo emplazamiento a las probables responsables entre marzo y abril del mismo año.

Todos los sancionados, recordó el órgano, tienen el derecho de acudir al Poder Judicial de la Federación para que sea revisada la legalidad del procedimiento sancionatorio.

 

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