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Este delito, conocido como “la esclavitud moderna” –que implica la explotación, los trabajos forzados y la prostitución- es el segundo negocio ilícito más redituable en el país, sólo después del narcotráfico, y genera ganancias por más de 150,000 millones de dólares cada año, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con el Reporte de Trata de Personas 2019 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, apunta que el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la trata de personas, aunque reconoce que está haciendo esfuerzos para lograrlo.
“El gobierno investigó, procesó y condenó a menos traficantes que el año anterior; proporcionó servicios especializados limitados para las víctimas de trata, que no estaban disponibles en la mayor parte del país; y mantuvo un número inadecuado de refugios en comparación con la escala del problema”, detalla el documento.
Además la corrupción y casos de complicidad entre algunos funcionarios públicos inhibieron las acciones de aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Orozco, que por más de 30 años se ha dedicado a la defensa de las víctimas de este delito a través de diferentes asociaciones, también apunta que las autoridades son, en gran medida, parte de la red de abuso.
“La misma autoridad a veces está involucrada en los delitos de trata, tenemos policías estatales, gente de la procuraduría, son los primeros clientes. Por eso es muy importante que la Sociedad Civil las que abra los refugios, porque lo que hacen los tratantes es mostrarle el poder que tiene a sus victimas a través de estas personas”, detalló en entrevista con Forbes.
En ese sentido, la especialista señaló la importancia de reforzar las leyes en contra de este delito a través de sanciones más fuertes a las autoridades que estén coludidas con las redes de trata, así como a los demanda y “clientes”, como ocurre en los países que han avanzado de manera exitosa en el combate a este flagelo.
“Países como Suecia, Noruega, Islandia, Corea del Sur, Canadá, Francia han logrado que estás leyes que castigan la demanda logran disminuir este fenómeno de ver a otra persona como una mercancía, que no es lo mismo que castigar la prostitución, eso no debe ocurrir”, detalló Orozco.
Señaló que los funcionarios del gobierno actual que encabezan la lucha contra este delito como Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la misma dependencia; y Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República; se han mostrado sensibles y activos para tratar de desmantelar estas redes, lo que le generan confianza que durante este sexenio se pueda avanzar en esta materia.
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Este delito, conocido como “la esclavitud moderna” –que implica la explotación, los trabajos forzados y la prostitución- es el segundo negocio ilícito más redituable en el país.
El gobierno federal y las autoridades estatales deben de enfocar esfuerzos en la lucha en contra la trata de personas con la misma magnitud que lo ha hecho contra el robo de combustibles, advierte Rosi Orozco, presidenta de Comisión Unidos vs Trata.
De acuerdo con la activista mexicana, la trata de personas explota laboral y sexualmente a más personas en la actualidad que antes de que se aboliera la esclavitud en el país, en gran medida generada en negocios conocidos como giros negros y solapados por autoridades estatales.
“Si es verdad aquello que primero los pobres tiene, acabar con la esclavitud, con la trata, debe de ser prioridad de un gobierno que en su campaña puso como prioridad este slogan”, afirmó en entrevista con Forbes México en el marco del Día Internacional contra la Trata de Personas.
La Comisión Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (CNDH) identificó a 5,245 posibles víctimas de este delito durante junio de 2012 a julio de 2017, a través de averiguaciones previas o carpetas de investigación; sin embargo está información no es fidedigna debido a que los informes por parte de las autoridades son deficientes.
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Este delito, conocido como “la esclavitud moderna” –que implica la explotación, los trabajos forzados y la prostitución- es el segundo negocio ilícito más redituable en el país, sólo después del narcotráfico, y genera ganancias por más de 150,000 millones de dólares cada año, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con el Reporte de Trata de Personas 2019 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, apunta que el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la trata de personas, aunque reconoce que está haciendo esfuerzos para lograrlo.
“El gobierno investigó, procesó y condenó a menos traficantes que el año anterior; proporcionó servicios especializados limitados para las víctimas de trata, que no estaban disponibles en la mayor parte del país; y mantuvo un número inadecuado de refugios en comparación con la escala del problema”, detalla el documento.
Además la corrupción y casos de complicidad entre algunos funcionarios públicos inhibieron las acciones de aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Orozco, que por más de 30 años se ha dedicado a la defensa de las víctimas de este delito a través de diferentes asociaciones, también apunta que las autoridades son, en gran medida, parte de la red de abuso.
“La misma autoridad a veces está involucrada en los delitos de trata, tenemos policías estatales, gente de la procuraduría, son los primeros clientes. Por eso es muy importante que la Sociedad Civil las que abra los refugios, porque lo que hacen los tratantes es mostrarle el poder que tiene a sus victimas a través de estas personas”, detalló en entrevista con Forbes.
En ese sentido, la especialista señaló la importancia de reforzar las leyes en contra de este delito a través de sanciones más fuertes a las autoridades que estén coludidas con las redes de trata, así como a los demanda y “clientes”, como ocurre en los países que han avanzado de manera exitosa en el combate a este flagelo.
“Países como Suecia, Noruega, Islandia, Corea del Sur, Canadá, Francia han logrado que estás leyes que castigan la demanda logran disminuir este fenómeno de ver a otra persona como una mercancía, que no es lo mismo que castigar la prostitución, eso no debe ocurrir”, detalló Orozco.
Señaló que los funcionarios del gobierno actual que encabezan la lucha contra este delito como Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la misma dependencia; y Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República; se han mostrado sensibles y activos para tratar de desmantelar estas redes, lo que le generan confianza que durante este sexenio se pueda avanzar en esta materia.
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Este delito, conocido como “la esclavitud moderna” –que implica la explotación, los trabajos forzados y la prostitución- es el segundo negocio ilícito más redituable en el país, sólo después del narcotráfico, y genera ganancias por más de 150,000 millones de dólares cada año, de acuerdo con datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
De acuerdo con el Reporte de Trata de Personas 2019 elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, apunta que el gobierno de México no cumple con los estándares mínimos para la trata de personas, aunque reconoce que está haciendo esfuerzos para lograrlo.
“El gobierno investigó, procesó y condenó a menos traficantes que el año anterior; proporcionó servicios especializados limitados para las víctimas de trata, que no estaban disponibles en la mayor parte del país; y mantuvo un número inadecuado de refugios en comparación con la escala del problema”, detalla el documento.
Además la corrupción y casos de complicidad entre algunos funcionarios públicos inhibieron las acciones de aplicación de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas.
Orozco, que por más de 30 años se ha dedicado a la defensa de las víctimas de este delito a través de diferentes asociaciones, también apunta que las autoridades son, en gran medida, parte de la red de abuso.
“La misma autoridad a veces está involucrada en los delitos de trata, tenemos policías estatales, gente de la procuraduría, son los primeros clientes. Por eso es muy importante que la Sociedad Civil las que abra los refugios, porque lo que hacen los tratantes es mostrarle el poder que tiene a sus victimas a través de estas personas”, detalló en entrevista con Forbes.
En ese sentido, la especialista señaló la importancia de reforzar las leyes en contra de este delito a través de sanciones más fuertes a las autoridades que estén coludidas con las redes de trata, así como a los demanda y “clientes”, como ocurre en los países que han avanzado de manera exitosa en el combate a este flagelo.
“Países como Suecia, Noruega, Islandia, Corea del Sur, Canadá, Francia han logrado que estás leyes que castigan la demanda logran disminuir este fenómeno de ver a otra persona como una mercancía, que no es lo mismo que castigar la prostitución, eso no debe ocurrir”, detalló Orozco.
Señaló que los funcionarios del gobierno actual que encabezan la lucha contra este delito como Olga Sánchez Cordero, titular de la Secretaría de Gobernación; Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la misma dependencia; y Alejandro Hertz Manero, Fiscal General de la República; se han mostrado sensibles y activos para tratar de desmantelar estas redes, lo que le generan confianza que durante este sexenio se pueda avanzar en esta materia.
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