Por Gustavo Almaraz Petrie*

El gran reto del próximo presidente de México habrá de ser la aplicación del Estado de Derecho en todas y cada una de las acciones de gobierno para generar certidumbre social y detonar las inversiones de capital nacional y extranjero. Al igual que otras naciones democráticas en el mundo, México es un país de leyes y si aspira asegurar para los años venideros un crecimiento y desarrollo económico inclusivo y sustentable, deberá atender de inmediato pendientes apremiantes como reducción de la brecha de desigualdad, respetar los derechos humanos en su plenitud, brindar acceso a la justicia, combatir la corrupción y la inseguridad pública, garantizar el cuidado de la propiedad privada y favorecer la explotación racional de los recursos naturales con apego al cuidado de la ecología.

En el México de hoy, corrupción e inseguridad son los principales problemas públicos que inciden en el crecimiento y desarrollo. De ahí que el único sendero sea la aplicación cabal del Estado de Derecho. ¿Cómo?

  • Total implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, incluyendo los nombramientos pendientes y los ajustes al marco jurídico necesarios para su funcionamiento.
  • Implementar a cabalidad el nuevo Sistema de Justicia penal que entró en vigor desde 2016, a partir de una Fiscalía General de la República con facultades delimitadas, estrategias eficaces de capacitación, buenas prácticas y certificación.
  • Adicional a la implementación, contar con la apertura para hacer modificaciones al sistema actual, buscando lograr cubrir las fallas que se han encontrado al momento de implementarlo y con esto lograr fortalecerlo.
  • Blindar el sistema financiero, a través de la tecnología, contra el lavado de dinero y la evasión.
  • Implementar un programa eficaz de control de armas.
  • Fortalecer los cuerpos policíacos de los tres niveles de gobierno, mejorar su coordinación y el sistema penitenciario.
  • Implementar una Estrategia Nacional de Ciberseguridad.
  • Avanzar en las estrategias de protección a la propiedad industrial y patentes, además del control de la piratería.
  • Garantizar la seguridad del transporte de personas y de carga.
  • Mejora regulatoria, digitalización de los procesos y trámites gubernamentales para fortalecer la transparencia.

En el contexto electoral, de cara a uno de los procesos democráticos más relevantes de la historia reciente de México, conocer el verdadero proyecto del futuro presidente será determinante para dar continuidad y mejorar los procesos económicos y políticos del país. Otro punto interrogante es cómo aterrizarán en el campo de la realidad las promesas de campaña. ¿Cómo empujar hacia adelante el progreso económico y político del país? El panorama mexicano no es tan desalentador si se aplican de inmediato severas medidas contra el flagelo de la inseguridad y la corrupción.

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Sea quien fuese el ganador de las elecciones del 1 de julio, el próximo presidente tendrá como desafío principal, generar certidumbre en los mercados internacionales y detonar las inversiones nacionales y extranjeras para satisfacer el reclamo de empleos, de tranquilidad y paz para las familias mexicanas, de competitividad y desarrollo, innovación y proyección comercial internacional.

Asimismo, una de las grandes claves para la transición del nuevo gobierno, será su nivel de coordinación y esta aportará elementos para la estrategia de estabilidad de nuestro país.

El futuro de México depende en gran medida del éxito de las nuevas estrategias para el combate de estos dos flagelos –corrupción e inseguridad -y en la forma que el nuevo gobierno habrá de cumplir el cabal cumplimiento del Estado de Derecho.

*Presidente del Comité de Legalidad y Estado de Derecho de American Chamber of Commerce of Mexico.

 

Contacto:

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Página web: American Chamber/Mexico / Grupo Estrategia Política

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.

 

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