Como parte de la competencia dada por el proceso electoral actual, diversos actores individuales y grupales, se han pronunciado por los distintos proyectos de país que se discuten, planteando sus expectativas, temores, gustos y disgustos. Varios de ellos, han sido estigmatizados, si no excluidos, de dichas discusiones en épocas pasadas, incluso de manera legal, pero la efervescencia actual les ha permitido impulsar nuevamente su capacidad de plantear posiciones políticas.

En México, las prácticas asociadas a una cultura política autoritaria, inhibieron durante mucho tiempo la expresión de posiciones políticas, de manera individual y corporativa, dejando dicha posibilidad únicamente a los actores políticos. Ante ello, cuando se confrontan posiciones, como en el caso de las elecciones, se apela a un falso sentido de unidad, para descalificar posiciones que parecen extremas o agresivas, asumiendo que cualquier discusión política, debiera darse por concluida ante la posibilidad de división que la misma implica.

En el discurso oficial, tanto de los gobiernos históricos priistas, como de aquellos posteriores al año 2000, se ha planteado a la “unidad nacional”, o conceptos similares, como parte de un elemento discursivo que encuentra su asidero en la idea de que cualquier división, así sea sólo ideológica, atenta contra los principios y acciones que son enarboladas por el gobierno o las alianzas que sirven de base para un proyecto en particular.

Ante ello, en términos de los modelos de comunicación política, se instrumentó desde 2008 uno en que, de manera rousseauniana, los órganos del Estado aseguran que los valores de este y la democracia, no sean violentados por lo que los actores políticos dicen. Entonces, se limitó la capacidad real de discusión pública, particularmente aquella en los medios de comunicación como radio y televisión, al dejar únicamente a los partidos políticos la posibilidad de expresar opiniones en ellos. Pero a pesar de ello, se habilitó al Instituto Nacional Electoral, para que sirva de garante de que los principios de la democracia se respeten, por lo que revisa de manera previa lo que los partidos se dicen y, eventualmente, ante quejas de los mismos puede bajar o mantener dichas opiniones.

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Este esquema nos lleva a un proceso de simulación, en el que los actores políticos, no únicamente los partidos, asumen un rol donde parece que respetan la ley, pero la línea que existe entre lo que se puede y no se puede, se cruza de manera inevitable, dejando al INE y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la capacidad de decidir qué está bien y qué no. Además, cuando hay diferencia de criterios entre ambos, ya no digamos dentro de ellos, se atenta contra la legitimidad de la función sustantiva que ambos organismos tienes.

La intervención en la discusión pública de empresarios y/o sus empresas, grupos religiosos, sindicatos e, incluso, ciudadanas y ciudadanos en lo individual, ha generado críticas, particularmente de los partidos políticos, pero es resultado del “acaparamiento” de la deliberación en las instancias en que dichos partidos han creado a través de la ley. Mantener un modelo así, nos lleva entonces a la otra parte de la negación de la participación formal, que es también la no responsabilidad pública de aquellos que opinan.

Es decir, ante un esquema de exclusión, tampoco hay responsabilidad, por lo que cuando empresarios o grupos religiosos se alinean a un proyecto y llaman al voto, no hay implicaciones en sus dichos, aun cuando sean violatorios de la misma ley, debido al esquema de simulación que tenemos. Un esquema de libertad de expresión abierto y flexible es mejor que el que tenemos, porque en el contexto de un país libre y maduro, las opiniones expresan diversidad y pluralidad, ante el sentido limitado de homogeneidad de los principios autoritarios. Entonces, la deliberación pública sobre el futuro se enriquecería, haciendo a un lado el maniqueísmo que lo políticamente correcto nos impone.

 

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