La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) denunció que hay mil 545 proyectos de inversión detenidos por la falta de permisos y licencias de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), que da prioridad y aprueba en tiempo récord las obras del gobierno federal.
Afirmó que el retraso en el otorgamiento de licencias ambientales de aprovechamiento de agua y de cambios de uso de suelo para desarrollos del sector turístico, inmobiliario, carretero, minero y de extracción en bancos de materiales provoca un impacto negativo en la generación de empleos e implica desaprovechar el atractivo de México para el nearshoring.
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“Sabemos de la importancia de contar con una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) y otros permisos, ya que permiten prevenir daños a los recursos naturales a través de la identificación de mecanismos de atenuación, mitigación y compensación del posible impacto”, declaró el sindicato patronal.
Las autoridades ambientales deben responder de manera más ágil a los trámites solicitados por las empresas con intereses en invertir en México, ya que es en beneficio del medio ambiente y del desarrollo de programas en armonía con su entorno.
La Ley General para la Protección y el Equilibrio Ecológico y la Protección Ambiental (LGEEPA) establece un periodo de 60 días hábiles para que la autoridad emita una aprobación de obras, pero en promedio los resolutivos a empresas y privados tardan 199 días, declaró Coparmex.
Esos 199 días es un tiempo mucho mayor al establecido a la norma, mientras que las autorizaciones de las obras insignia del presidente Andrés Manuel López Obrador se liberan en tiempos récord de entre 36 y 55 días, contrastó la organización patronal.
El trato desigual entre los solicitantes es discriminatorio y es una causa de violación al T-MEC por favorecer a los proyectos públicos sobre los de los particulares, apuntó.
Las obras insignia del gobierno, como el Tren Maya Tramo 5 Norte, la ampliación de la Línea 1 del Tren Suburbano Lechería-Jaltocán-AIFA, en Tultitlán, Estado de México, y la Central Turbogas González Ortega, en Mexicali, fueron autorizados en 36, 55 y 49 días, respectivamente, señaló.
Destacó que los planes de inversión de empresas privadas prometidos en Chihuahua, Sinaloa y Baja California Sur tardan hasta mil 364 días sin un resolutivo autorizado.
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“Es fundamental que los proyectos que cumplen con los requerimientos que marca la ley, puedan desarrollarse de manera oportuna para minimizar las afectaciones en sectores clave como son el turístico, el minero y el inmobiliario donde los informes preventivos”, indicó.
Las Manifestación de Impacto Ambiental particulares y regionales de obras implican periodos que van en promedio de los 52 a los 366 días, añadió la Coparmex.
“En Coparmex proponemos el Modelo de Desarrollo Inclusivo (MDI) como la hoja de ruta para que nuestro país tenga no sólo desarrollo económico y social, sino que éste además sea sostenible, por lo que instamos a las autoridades a conducirse conforme a lo que establece la normatividad vigente para procurar el cuidado del medio ambiente e impulsar la inversión que genera empleos y calidad de vida”, concluyó.
