Seamos muy honestos (y miren que parece una contradicción en términos) – nuestro país es uno de los campeones en materia de corrupción. Indigno lugar que nos hemos ganado a pulso. La pregunta es cómo llegamos a esta situación y ver si finalmente estamos en posibilidades reales de superar esta enorme tara que afecta absolutamente todo lo que nos rodea en el país. La corrupción es la responsable directa, o próxima, de los principales problemas que vivimos, las famosas íes: impunidad, injusticia, inseguridad, inequidad e inmovilidad.

Pero cómo llegamos esta situación. Los análisis que hemos realizado nos muestran que los niveles que tenemos hoy de visibilidad en temas de corrupción no siempre tuvieron estas dimensiones. Es cierto que hoy por redes sociales y otras herramientas es más sencillo enterarse de lo que pasa, sin que la censura oficial pueda tener el efecto de contención de datos como en el pasado. Pero también lo es que sí hemos visto una destrucción creciente, y en años recientes, excesos nunca vistos. Me explico.

En los anales de la historia de la clase política mexicana, inexorablemente ligada al dominio del PRI, por más de 7 décadas y 12 años de panismo, vimos una modificación substancial de cómo se desarrolló la corrupción por parte de los gobernantes (y por consecuente con la participación y beneficio de cierto sector privado empresarial al que igualmente condenamos enérgicamente). En nuestro entender ha habido cuatro etapas básicas de ejecución de actos de corrupción en México. Fuimos de algo malo a un extremo mucho peor. Veamos cómo es que este fenómeno de irregularidades cambió y cómo sostenemos, lo hizo de una forma involutiva porque caímos cada vez más bajo. Podemos ver que las etapas se fueron acumulando, de tal suerte que se dieron las malas prácticas y se fueron adicionando sucesivamente otras para, por lo mismo, generar cada vez más nocivos resultados. Un aprendizaje en sumatoria de cómo robar más y hacer más daño en menos tiempo.

  • Primera etapa / tráfico de influencias: Los gobernantes tomaron datos de los proyectos de infraestructura para utilizar en su beneficio la información privilegiada. De esta manera se aprovechaban de la compra de terrenos y propiedades por donde iba a pasar una nueva carretera, tren, puerto o aeropuerto. Pero en esta fase las licitaciones no adulteraban la calidad de la obra y la adjudicación se hacía a favor de quienes ofrecieran las mejores condiciones técnicas y económicas. Ciertamente, hubo abusos importantes, de manera particular para quienes inocentemente vendieron sus inmuebles, pero las obras adecuadas se hicieron en lo general. Como ejemplo tenemos las obras en carreteras y polos turísticos que se desarrollaron tipo Acapulco. Esta etapa cubre principalmente las décadas de los 40 a los 60 del siglo pasado.
  • Segunda etapa / cobro de comisiones: En esta siguiente fase, los políticos decidieron que era mejor rascarle un beneficio adicional al exigir a los ganadores de licitaciones una comisión para validar su triunfo en la asignación de obras públicas. De esta manera, además del beneficio en tráfico de influencias, se ganaba un monto directo del ganador de la licitación. Se incrementaron los abusos, pero aún se respetaba que la obra se hiciera por quien ofrecía los mejores términos de precio y calidad, pero con una obligación de pago hacia los funcionarios en control de la asignación. Se incrementaron las nocivas prácticas y fueron bastante obvias en las décadas de los 70 a 90 del siglo pasado. Por ejemplo, aquí fluyeron estos esquemas en los grandes contratos celebrados por entidades como Pemex y CFE que tuvieron un crecimiento explosivo en sus operaciones.
  • Tercera etapa / subasta de pagos: En la faceta adicional de problemas e irregularidades, se optó por el tráfico de influencias y el cobro de cuotas a los licitantes ganadores, pero ahora ya no en función de pedirlo al que ofreciera las mejores condiciones de precio y calidad, sino de abiertamente provocar que los ganadores de las licitaciones lo fueran; no por lo que ofrecían en el concurso mismo, sino por la recompensa que otorgaban a los funcionarios impolutos que así se beneficiaban de las aportaciones extraordinarias de los contratistas. A pesar de todo lo malo en esta etapa, las obras respectivas se realizaban, aunque ya sin control de la mejor calidad o los menores costos. Estas prácticas se multiplicaron en las décadas de los 90 y principios de este siglo. Nuevamente vimos a Pemex como uno de los ejes principales de irregularidades, pero también en forma notoria en el sector salud con compras multimillonarias de medicamentos.
  • Cuarta etapa / desfachatez total: Finalmente, llegamos a la cúspide de la irregularidad. En esta nueva situación se llega al mayor de los absurdos. Los servidores públicos optan ya por no molestarse por realizar esfuerzos para aparentar la ejecución de obras públicas o impactos en infraestructura. Para qué molestarse en tanto papeleo cuando lo que se puede hacer es coludirse con los licitantes para simular la ejecución de servicios o compras fantasmas, pero con el efecto de cobrar comisiones o incluso de robarse directamente los recursos asignados en los respectivos proyectos. Este es el mecanismo utilizado para esquemas como el de La Estafa Maestra y tantos proyectos similares a todos los niveles, en particular a partir de 2012 en que vimos cómo se destaparon las mayores condiciones de rapiña jamás imaginados, incluso a los tres niveles de gobierno. Es decir, llegamos al descaro absoluto en que simplemente se dedicaron a robar las arcas con transferencias vía universidades públicas, el pago de servicios inexistentes, o la compra de agua como medicina.

Esta es la triste historia de cómo se fue pervirtiendo la función de cumplir sus obligaciones frente a la comunidad, y en su lugar dar lugar a la impresentable secuela de pseudo-servidores públicos que simplemente se enriquecieron de manera progresiva a costa de toda la nación. Los costos de oportunidad que dichas pillerías han generado son descomunales. Basta ver la diferencia de lo que hoy es una economía como la de Corea del Sur que en los 70 tenía una situación raquítica comparada con la nuestra.

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Pero ahora se respira un aire distinto en el país porque podemos hablar de estos temas ante el pleno despertar de una sociedad civil contestataria y una población inflamada y ofendida por tanto abuso. Es ese hartazgo el que explica en gran medida el tsunami electoral del pasado 1 de julio. Sin embargo, ahora la gran interrogante es si la nueva administración electa realizará lo que corresponde en hacer fuerte su discurso anticorrupción mediante el puntual seguimiento a todos los abusos realizados en la presente administración, misma que generó la cuarta etapa de corrupción según lo arriba explicado.

El no actuar en contra de todos los responsables de semejante abuso los volvería cómplices del más indolente exceso del que se tenga noticia en la historia nacional, una verdadera afrenta al más elemental sentido de orden y de respeto por la función pública. No podemos pensar en que exista un pacto de impunidad transexenal a cambio de una entrega pacífica de la plaza, pero si a partir del 1 de diciembre no vemos acciones ejemplares contra quienes saquearon el erario nacional, no tendremos otra opción más que aseverar que sí hubo un acuerdo en la opacidad para lograr ese beneficio de impunidad.

Al tiempo para ver si la historia de la involución nacional, en materia de corrupción, podemos pasar a otra en que se reviertan tan despreciables consecuencias y no nos sigamos acostumbrando al país en que estas conductas se toleran y permiten como si fueran parte normal de la vida nacional. No podemos permitirlo y hay que dar la batalla para su erradicación de fondo. El contar con fiscales independientes y autónomos es una parte integral de una política pública que realmente apunte a una nueva dirección. Hechos son amores y así se les exige a las autoridades entrantes. ¿Son o se parecen reales luchadores por una mejor patria? A los hechos nos remitiremos.

 

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