Un sexenio parece finalmente haber llegado a su extinción. Y ahora, para no fallar a su estilo, recordando el sexto y último informe de gobierno, que recurrió a un dispendio espectacular de publicidad y uso de medios para vender una imagen que no coincide con la realidad del país. En conjunto, manejar la situación con la sutil pretensión de opacar los datos reales que reflejan lo sucedido durante la saliente administración, reiterando algunas cifras de ciertos logros, principalmente, lo relativo a las tan traídas reformas estructurales, las cuales no han dado los resultados esperados.

Lo cierto es que estamos, ahora sí, en la recta final, en un momento crucial donde nos vemos en la necesidad de realizar diagnósticos y evaluaciones. El actual sexenio divisó el ocaso hace poco tiempo, para ser exactos, sucedió después de los dos primeros años donde se rompió el encanto de la manipulación mediática y salieron a flote las manifiestas carencias del gobierno en temas de Estado de Derecho, procuración de justicia, seguridad, transparencia y rendición de cuentas. En su lugar, vimos un arcoíris de muchos colores referente a tipos de maniobras realizadas, todas ellas con un sello de abuso, corrupción, opacidad y falta de seriedad en la atención de situaciones que generaron y a la fecha nos siguen ahogando en enormes problemas nacionales.

Ayotzinapa, Tlatlaya, Tanhuato, Nochixtlán y Apatzingán, por citar solamente algunos, fueron los ejemplos de impunidad, lo cual nos demostraba una incorrecta conducción de la seguridad y justicia del país. Asimismo, es imperativo mencionar los casos de Odebrecht, Estafa Maestra, Grupo Higa, Casa Blanca, Malinalco, Ixtapan de la Sal, y otros, nos dejaron ver que en el presidente y su equipo fijaron un rumbo parasitario para servirse del erario público, un modelo seguido por muchos de los dirigentes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal de todas las corrientes y filiaciones políticas. En este terreno, es importante resaltar todos los contratos de obra pública, los cuales permitieron concentrar en pocas manos enormes porciones del erario en los tres niveles de gobierno. Como ha dicho Denise Dresser, un régimen de cuotas y cuates.

De acuerdo con un reciente y bastante interesante estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), fue a través de una reforma legal a principio del sexenio donde se permitió que la designación del titular del Órgano Interno de Control (OIC) de cada dependencia, se hiciera por el propio titular de la misma y por la secretaría de la Función Pública, como anteriormente se habituaba. Con esta sutil diferencia (el vigilado designa a quien lo vigila), se gestó el ingrediente permisivo para el abuso institucional con asignaciones directas en más del 70% de la contratación pública del sexenio. Una locura por donde se le vea. Pero, sobre todo, una intención manifiesta de robar a manos llenas.

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Debemos quitarnos el enorme estigma representado por ser el único país en la región en donde el escándalo de Odebrecht, con declaraciones expresas de testigos, montos confesados de dádivas, cuentas de depósito y personas involucradas con nombre y apellido, no ha sido materia de sanciones y consecuencias legales tangibles. Esto no puede seguir así, es una ofensa a la inteligencia y una huella permanente del tan indeseable y despreciable pacto de impunidad que ha permeado todos estos años. El nombre de Emilio Lozoya Austin se repite una y otra vez, pero las investigaciones no van a ningún lado, quizá porque la huella conduce directamente a la figura del mismísimo Enrique Peña Nieto.

Estas son las crudas realidades que no pueden ocultarse, ni siquiera hoy con campañas mediáticas, ni mañana con pactos de impunidad y salvoconductos. El mandato del 1 de julio fue claro. Ya basta de corrupción y abusos. Requerimos contar con investigaciones profundas y científicamente sólidas, pruebas perfectamente integradas, procesos transparentes, acusaciones robustas, y al final del día, sentencias fijadas a quienes cometieron un relato de fechorías y finalmente paguen por las mismas. Y para ello, reiterar su deber en resarcir el daño patrimonial y cumplir la sentencia privativa de la libertad respectiva, ambas condiciones necesarias para hablar de verdadera justicia.

Eso es lo que aspiramos ver y presenciar en los próximos meses. Cualquier otro resultado sería inaceptable. Y no estamos hablando de revanchas o teatro, sino de mostrar la seriedad de la expectativa por la correcta impartición de justicia después de tanto robo. Al equipo de transición, y al propio presidente electo, les debe quedar claro que no actuar ante tan flagrantes casos de corrupción, los harían ver como cómplices e incongruentes ante las promesas profesadas como lemas principales de campaña. En los hechos veremos si era cierta o no su propuesta de limpieza y lucha frontal al flagelo de la corrupción. Al tiempo. Hechos son amores.

 

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