Llevamos mucho tiempo pensando porqué es que en el país no marchan las cosas como todos quisiéramos. No hay duda de que, en muchos indicadores, hoy estamos mejor que lo que sucedía hace 30, 20 o 10 años. Por ejemplo: los índices de pobreza sí se han reducido, hoy tenemos más viviendas, los datos de personas con hambre sí han bajado, y el número de personas en los sistemas educativos ha crecido. Sin embargo, todos esos beneficios se ven rebasados y comprometidos por los problemas que genera la falta de un verdadero Estado de Derecho.

El que tengamos los niveles de inseguridad, injusticia, impunidad e inequidad (las íes malditas) es algo que no podemos seguir ignorando ni asumiendo que son cuestiones intrascendentes o inevitables. El problema es que llevamos mucho tiempo asumiendo que la clase política actuaría con diligencia y contundencia. Sin embargo, eso no ha sucedido. En su lugar, nos vimos absorbidos por años de una ola de corrupción, incompetencia y abusos como no se tenía noticia en la historia reciente.

El desastre en que nos encontramos al no tener paz, seguridad o tranquilidad, ya prácticamente en ningún lugar del país, es el fruto directo del abandono a las tareas fundamentales a las que el Estado está obligado. Uso de la fuerza pública, cobro de impuestos y resolución de controversias son las materias que constitucionalmente hablando están reservadas a las autoridades legalmente establecidas. En la actualidad, lamentablemente, una, dos o todas esas actividades no las tienen bajo su cargo las entidades públicas en varios lugares del país. Eso quiere decir que nuestro orden básico proveniente de la Carta Magna se encuentra amenazado o francamente vulnerado.

Pero la realidad es que no tendría por qué ser así. Es posible recuperar las raíces y bases para que en el país nos sintamos en un lugar donde la impartición de justicia, la sanción a quien violente la ley, el libre tránsito en cualquier parte de la nación, y la paz en general, sean una realidad. No es mucho pedir. De hecho, es la razón fundamental por la que se eligen las autoridades y se sustenta la existencia de los distintos niveles de gobierno.

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Esta situación es la principal causa que explica los resultados electorales del 1 de julio pasado. El nivel de hartazgo y exigencia hizo atractivo el discurso de cambio y ajustes de fondo. Sin embargo, ahora el compromiso es y debe ser enorme. No es un tema de juego o improvisación. Los problemas descritos son tan importantes que requieren una atención puntual, medidas eficientes, y resultados inmediatos. No más simulación y superficial atención.

La pregunta es si ante estas interrogantes seguiremos con la misma dinámica con la que hemos vivido, en la que simplemente no se hacen las cosas que se requieren para apuntarnos en una dirección totalmente distinta, una que permita lograr resultados que todos queremos y merecemos. La respuesta es sencilla: sí se puede lograr el cambio deseado. Pero para ello requerimos entrarle de fondo y realizar los ajustes que permitan finalmente encaminarnos al destino tan anhelado.

Eliminar la prohibición de drogas y pasar a su regulación, fortalecer y homologar el funcionamiento de policías en los tres niveles de gobierno, profesionalizar la operación de las procuradurías en el contexto del sistema penal acusatorio, dar pleno funcionamiento a una robusta Fiscalía General de la República, completar los engranes del Sistema Nacional Anticorrupción, digitalizar todo el gasto público, recuperar el control del sistema penitenciario nacional, reestructurar el sistema judicial, utilizar la tecnología para facilitar el acceso a los sistemas de justicia, salud y educación, son tan solo algunas de las tareas más obvias y urgentes que se requieren implementar.

Lo bueno es que para todas estas distintas decisiones no hay que inventar la rueda. Hay una infinidad de estudios, diagnósticos y propuestas de expertos en las distintas materias referidas. Ahora se trata simplemente de ensamblar todo en un plan de gobierno y de implementación que no vacile en la ruta e impulso. Requerimos ya tener todo listo. De hecho, dado que la actual administración ya parece haber entregado la batuta, es momento de iniciar el cambio desde ahora.

La pregunta entonces es si hay decisión y capacidad en el nuevo equipo de gobierno para entrarle a los temas. No es tan difícil si hay voluntad política, congruencia y deseo de eficacia. Si uno de sus primeros pronunciamientos fue querer ser un presidente bueno, requerimos una respuesta puntual de Andrés Manuel López Obrador respecto a si va a tomar el toro por los cuernos y van a tomar las decisiones correctas con el equipo necesario. Requerimos señales claras e inmediatas. Necesitamos definiciones pronto. El país está en llamas y no admite demora para lograr un cambio definitivo. Veamos si el mensaje del electorado se toma en serio y no solamente como un tema de vindicación de una expectativa personal. Para ello no es válido que se hagan foros o consultas sin una real intención de hacer lo que corresponde. Por ello el llamado a la urgencia y la definición. Quedamos atentos de la respuesta y el compromiso de hacer las cosas bien.

 

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