La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) discute por primera vez un caso de desaparición forzada cometido por militares mexicanos en 2009, dos años después de que comenzó en el país la llamada guerra contra el narcotráfico.

El caso se empezó a debatir el jueves y se espera que la Corte IDH, que tiene su sede en Costa Rica, haga un pronunciamiento el viernes, de acuerdo a lo programado en la audiencia pública con los familiares de las tres víctimas: dos mujeres y un hombre, señaló la agencia Reuters.

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Paola Alvarado, hija de Nitza Alvarado Espinoza, dijo a Reuters por teléfono antes de la audiencia que en diciembre de 2009 un comando de al menos 10 militares sacó a su madre por la fuerza de un domicilio en la localidad norteña de Ejido Benito Juárez, en el estado Chihuahua.

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“Las últimas palabras que recuerdo de mi mamá fueron ‘ahorita regreso’ pero ya no volvió”, dijo Paola, de 22 años. “La seguimos buscando”.

Familiares de los desaparecidos, que expresaron frente a la corte su temor por recientes amenazas de muerte y otros agravios, dijeron que en la investigación fueron señalados como responsables integrantes del 35 Batallón del Ejército del estado, fronterizo con Estados Unidos.

Junto con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Corte IDH conforma el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

“Yo les pediría, por favor, que se pusiera cada uno de ellos en los zapatos de nosotros (…) de lo que hemos vivido, sufriendo de hambre por todo el estado de Chihuahua”, dijo Jaime Alvarado, familiar de uno de los desaparecidos, quien tuvo que huir de su pueblo natal por amenazas de muerte.

La Secretaría de Defensa Nacional, que administra al Ejército y la Fuerza Aérea, dijo que no tenía información sobre el caso.

La oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) documentó que entre 2012 y 2016 la fiscalía mexicana inició 505 casos donde militares fueron acusados de cometer violaciones a los derechos humanos contra civiles.

La guerra contra el narcotráfico, que comenzó el expresidente Felipe Calderón en enero de 2007, ha dejado en México decenas de miles de muertos y desaparecidos, así como abusos a los derechos humanos perpetrados por fuerzas de seguridad, incluyendo militares.

Más de 35,000 personas han sido reportadas como desaparecidas. Algunas aparecen muertas, en fosas clandestinas, con huellas de tortura, desmembradas o disueltas en ácido.

Pese a las críticas de organismos internacionales por los resultados de la estrategia de seguridad, el presidente Enrique Peña Nieto mantuvo al Ejército en las calles, en un país donde el desprestigio de las policías, sobre todo locales, ha ido en aumento.

Con la colaboración de decenas de miles de militares, marinos y otras policías, se lograron importantes detenciones de capos. Sin embargo, los grupos delictivos se fragmentaron e incursionaron en otros delitos por lo que la violencia ha seguido en aumento, dejando casi 30,000 muertos el año pasado.

 

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