El gobierno federal necesita cambiar la visión de seguridad pública, ya que no siempre se pueden tener elementos de choque como la Guardia Nacional como estrategia ya que es muy costoso;
el método principal para disminuir la violencia en una sociedad es impulsar el crecimiento económico, subrayó Alberto Abad Suárez Ávila, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“Tener policías armados hasta los dientes en las calles es muy caro en todos los sentidos. (Se debe) entender la filosofía del delito, necesitamos impulsar la economía:
el método principal del cambio en una sociedad violenta a una menas violenta es el crecimiento económico”, remarcó.
México cuenta con un problema en el sistema nacional de seguridad pública, ya que
no se tiene claro de qué manera funciona; por ejemplo, las competencias de los órganos de seguridad, así como la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional, señaló el académico.
Se requiere consolidar la transición de Policía Federal a Guardia Nacional, insistió, puesto que el ente de seguridad de nueva creación tiene tareas muy específicas a realizar en materia de seguridad, a diferencia de lo que realizaban los federales, quienes tenían un abanico más amplio de actividades.
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“Tenemos que fortalecer los organismos locales para ampliar y cubrir el espacio que estamos dejando al cambiar de la Policía Federal a Guardia Nacional. En el reacomodo, queda el espacio vacío que tendrán que cubrir con órganos locales de seguridad pública”, refirió.
Código penal único: arma de dos filos
La propuesta del gobierno de México de crear un Código Penal Único, para así unificar las 33 legislaciones actuales es en una sola, podría ser un “arma de dos filos” dependiendo de la propuesta que se haga; podría ser liberal y progresista o autoritario y conservador, subrayó Suárez Ávila.
Tras una reunión en la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, indicó que
el poder ejecutivo está preparando una propuesta de reforma constitucional para que el Congreso tenga la atribución de crear un Código Penal Nacional.
El contar con una sola legislación en materia penal,
habría mayor claridad y certeza en el derecho para quienes lo ejercen, por ejemplo, los litigantes dominarían el conocimiento de una sola ley, lo cual simplificaría su ejercicio en cualquier parte de la República por la inexistencia de especificaciones locales, abundó el académico.
Sin embargo, México no es un país homogéneo y cuenta con muchas culturas diferentes en sus regiones, por ello
sería difícil consensuar de manera nacional “lo que sí debería de ser castigado y lo que no”; es decir, no es lo mismo lo que se considera delito en Sonora que en Yucatán, ejemplificó.
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“Hay modelos federalistas como el alemán, donde se tiene un solo código pero
la justicia tiene reglas distintas en cada uno de los estados”, indicó.
Un código penal único sería bueno
si la propuesta es liberal, progresista y garantista; pero si es de corte autoritario y conservador “sería muy mala idea”. Por ello, hay que discutir la propuesta lo suficiente y mantener el diálogo abierto, aseguró Suárez Ávila.
En el caso de la Ciudad de México, donde se ha despenalizado el aborto hasta las 12 semanas de gestación, si el código penal único no lo contempla de esa manera, afectaría legislación. En contraparte, para estados como Guanajuato o Querétaro que tienen leyes en el tema de la interrupción del embarazo, afectaría totalmente, refirió.
Centralización de la justicia
De acuerdo con Sánchez Cordero, la propuesta de la administración federal en materia de justicia
le daría la facultad a la Fiscalía General de la República (FGR) de atraer casos de delitos cometidos por policías o funcionarios públicos de seguridad en el ámbito local, lo cual en primera instancia es de competencia del órgano de justicia del estado.
“La competencia original (del delito) la tendrían las autoridades locales, pero la fiscalía general tendrá la facultad extraordinaria que considerar que las autoridades locales no procederán de manera imparcial en la investigación y persecución de este delito”, detalló el también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
Es tal el nivel de desconfianza que hay en los órganos de seguridad pública, así como de persecución e investigación del delito, el gobierno apuesta por un mayor control desde el centro hacia los estados, abundó.
Para evitar la saturación de trabajo en la FGR por atender delitos federales y algunos locales,
se le tendría que otorgar más recursos humanos y financieros para que tenga las suficientes herramientas para atender las tareas que se le han facilitado, indicó.
Aunque, al parecer del experto,
lo mejor sería fortalecer las entidades de justicia locales, para así hacerle más eficiente la vida a la población al resolverle sus problemas desde un ámbito estatal.
“Siempre voy a estar a favor de que fortalezcan la policía del barrio o que fortalezcas las instituciones locales, porque es más fácil fortalecer desde lo local hacia lo nacional que al revés”, aseguró.
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