La situación que el país vive en materia de seguridad es una de las más graves de su historia. Hay estados, como Colima, donde mueren asesinadas 93.9 personas por cada 100 mil habitantes. Para tener una idea de lo que esto significa, hay que observar que la cifra nacional es de 28.35 homicidios.
El contraste internacional también ayuda a normar criterio. De acuerdo con datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Honduras se encuentra en un rango de 42.01 y Jamaica de 45.45 muertes provocadas de modo intencional por 100 mil habitantes, pero Uruguay tiene un 9.70, Canadá llega a 1.97 y Japón al 0.25 en escalas similares de medición.
En el caso mexicano las urgencias son multifactoriales y a ellas hay que sumar las disputas territoriales entre las bandas delincuenciales, como las que ocurren en Michoacán, Jalisco, Sonora y Zacatecas, las que generan muy altos niveles de violencia y con episodios muy inquietantes.
Es evidente que es una cuestión de Estado, no de ahora, sino de hace años. Pero, aunque esto es sabido, sería ingenuo pensar que pueden existir soluciones que no pasen por el conjunto de la sociedad.
El Poder Legislativo es muy importante, pero por momentos se muestran omisos en la tareas de control que les corresponden.
Un ejemplo, la comisión bicameral que tiene el objetivo de dar seguimiento al papel de Armada Permanente en tareas de seguridad pública no se ha integrado. Es evidente que no deben demorarse en tareas de control que son indispensables y que además surgieron de un compromiso para moderar el papel de los militares en las tareas de combate a la delincuencia.
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Otra comisión que lleva meses sin reunirse es la de Seguridad Nacional, que, por su carácter y agenda, también es integrada por diputados y senadores.
El diputado Rubén Moreira ha señalado que “el narcotráfico es un problema de gobernabilidad y, por tanto, de seguridad nacional”.
Desde su perspectiva, es urgente que los legisladores trabajen y se comprometan para colaborar con medidas que ayuden a enfrentar lo que a todas luces es una crisis.
Moreira, acaso por su experiencia en el gobierno de Coahuila, conoce de los alcances que puede tener la criminalidad, pero también de los remedios que hay para enfrentarla.
Hace apenas unas semanas presentó una iniciativa que tiene por objeto atacar la participación del crimen organizado en elecciones. Un asunto de la mayor importancia, pero que por momento se deja de lado, como si no hubieran ocurrido, en Sinaloa, Sonora y Michoacán.
Es ello que el coordinador del PRI en San Lázaro está haciendo un llamado para sus colegas legisladores para que se hagan cargo de una tarea que les es irrenunciable y que, además, es vital para el presente y futuro del país.
Ante los desafíos de la criminalidad, más vale superar diferencias, dejar atrás disputas y saber con claridad de qué lado de la línea se tiene que estar.
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