El camino hacia una transición energética tiene implicaciones económicas y fiscales tanto a nivel nacional como subnacional, por lo que en México será un gran reto el descarbonizar las finanzas públicas.
De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), los combustibles fósiles han desempeñado un importante papel tanto en la economía como en las finanzas públicas, si bien ha bajado su participación en términos de ingresos, el gasto carbonizado ha incrementado.
La investigación del think tank refiere que se estima que el valor actual de las reservas probadas de petróleo y gas generaría ingresos públicos equivalentes a 3 billones 980 mil millones de pesos en concepto de impuestos y derechos, lo que representa 2.5 veces los ingresos petroleros estimados para 2023.
“El principal reto de la descarbonización de las finanzas públicas será compensar la proporción que representan los ingresos petroleros respecto de los ingresos totales”, recalca el CIEP.
Explica que los ingresos carbonizados están conformados por los ingresos propios de Pemex, del Fondo Mexicano del Petróleo y el Impuesto Especial a Producción y Servicios (IEPS) petrolero y estos representaron en 2008, el 36.7 % de los ingresos totales, pero para 2022 bajaron al 22.4%.
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No obstante, desde 2018, se ha observado un aumento en el gasto público carbonizado, contrastando con los ingresos generados por estas mismas fuentes.
En 2017, dicho gasto representó 8% del gasto total y en 2022, el 11.7 %, un aumento del 67.3%.
Mientras, el presupuesto dirigido a la mitigación y adaptación al cambio climático significó el 5.6 % del gasto carbonizado y 0.6 % del gasto total.
“Este aumento se debe a la política energética vigente del país, que privilegia las actividades relacionadas con hidrocarburos y petróleo, lo cual confronta con los compromisos internacionales en materia de cambio climático”, señala el CIEP.
Para el centro de investigación, el descarbonizar las finanzas públicas implicará un esfuerzo para los tres órdenes de gobierno, pero en mayor medida para los estados que tienen una vocación petrolera.
Campeche, Chiapas, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz se verían especialmente presionados, toda vez que la asignación de recursos federales depende del valor de extracción bruta de hidrocarburos y el volumen de producción de gas natural de cada entidad.
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